Tras casi cinco años de la liquidación de Saludcoop, las autoridades siguen encontrando irregularidades en el manejo de la que fuera una de las EPS más importantes del país.

Esta vez fue la Contraloría que imputó responsabilidad fiscal a tres exfuncionarios luego de encontrar irregularidades en el proceso de intervención y liquidación de la entidad promotora de salud (EPS).

Se trata del exinterventor de la EPS, Guillermo Grosso Sandoval, a quien el órgano de control imputó responsabilidad fiscal solidaria por un detrimento patrimonial de $219.734 millones, por irregularidades presentadas en el proceso de intervención durante su administración entre el 27 de mayo de 2013 y el 24 de noviembre de 2015.

La misma decisión la tomó contra Luis Martín Leguizamón Cepeda, agente especial liquidador de Saludcoop entre el 25 de noviembre de 2015 y el 20 de junio de 2016, por cuantía de $125.839’654.224; y contra Ángela María Echeverri Ramírez, quien ocupó ese mismo cargo entre el 21 de junio de 2016 y el primero de octubre de 2019, por $2.549’481.193.

Algunas de las irregularidades que llevaron a este fallo de la Contraloría incluyen anticipos realizados por Saludcoop en intervención a la corporación IPS Saludcoop con recursos de las Unidades de Pago por Capitación (UPC), para gastos no asociados a la prestación de servicios de salud a los afiliados a la EPS por $75.974.494.154.

Así mismo, el giro de recursos de la UPC bajo la figura de endoso, realizados por Saludcoop EPS en intervención, para atender gastos asociados a contratos de arrendamiento suscritos por la Corporación IPS Saludcoop con la sociedad Rv inmobiliaria por valor de $802.160.647.

También la falta de seguimiento y control sobre los giros directos realizados por el Consorcio Sayp a favor de la Corporación IPS Saludcoop.

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