En un informe presentado en Granada, Antioquia, en el Día Nacional de los Derechos Humanos, la Defensoría recordó que desde 2017 ha emitido 81 alertas tempranas referentes al riesgo que se presenta contra personas desmovilizadas tras el acuerdo de paz.

A partir de estas 81 alertas tempranas se “identifica que las personas en proceso de reincorporación afrontan riesgos elevados en 131 municipios de 23 departamentos del país”, según aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

La “exposición al riesgo para esta población es elevada en zonas de limitada presencia de la oferta social estatal, como las zonas rurales dispersas o de frontera”, según el informe de este organismo estatal.

Para la Defensoría, la situación que se vive en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y en la región de la Orinoquía merece especial atención.

En estas regiones amplias “se registran afectaciones graves a la vida e integridad de personas en reincorporación”, según Camargo, mientras que en ciudades como Bogotá o Medellín las personas desmovilizadas sufren “factores de vulnerabilidad asociados, por ejemplo, a la estigmatización social en su contra”.

Además, la Defensoría presentó el “Pacto por la No estigmatización”, con el que se busca que tanto las personas en proceso de reincorporación y líderes sociales, dedicadas a defender los derechos de sus comunidades, se les reconozca el valor de su trabajo.

“Las personas en proceso de reincorporación son una población en especial condición de vulnerabilidad. Por eso, es urgente la implementación de acciones de protección individuales y colectivas para esta población en riesgo”, dijo Camargo.

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