“Exorbitantes”, las pretensiones de Nicaragua en la CIJ

Crédito: Archivo / EL NUEVO DÍA
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En la CIJ hay otro litigio planteado por Nicaragua, que pidió a ese tribunal que le conceda una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa caribeña.
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Las pretensiones de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) son “exorbitantes”, afirma el agente de Colombia ante ese tribunal, Carlos Gustavo Arrieta, en vísperas del inicio de nuevas vistas orales en el litigio que los dos países tienen en el mar Caribe.

“Desde que iniciaron las demandas contra Colombia, Nicaragua siempre ha tenido pretensiones exorbitantes, en contravía del derecho internacional. Durante la audiencia que se inicia hoy no debe sorprendernos escuchar de su parte alegatos exagerados y distorsiones de la realidad”, manifestó Arrieta.

Las nuevas audiencias se originan en el fallo de la CIJ de noviembre de 2012 que fijó los límites marítimos entre ambos países y confirmó la soberanía colombiana sobre siete cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor que la que tenía.

Sin embargo, Colombia declaró en septiembre de 2013 una Zona Contigua Integral para ejercer su jurisdicción en las aguas aledañas a las islas y cayos “como archipiélago y no como territorios inconexos”.

En noviembre del mismo año, Managua pidió a la CIJ, con sede en La Haya, que le exigiera a Colombia la derogación de leyes “incompatibles con la sentencia” de noviembre de 2012, así como la revocación de permisos otorgados a los buques pesqueros colombianos que faenan en las aguas en disputa.

Derechos irrenunciables

“Colombia acude a la Corte para ratificar los derechos irrenunciables que Nicaragua pretende desconocer”, expresó Arrieta.

Entre esos citó “el derecho de Colombia a hacer presencia permanente en el mar Caribe en la lucha contra los delitos transnacionales; el derecho a salvaguardar la vida en el mar y proteger el medio ambiente; el derecho de todas nuestras islas a tener una zona contigua; los derechos ancestrales de pesca de la comunidad raizal en las áreas marítimas aledañas al archipiélago de San Andrés y en los bancos de pesca tradicionales”.

Arrieta considera que “Colombia no ha expedido ninguna ley contraria al derecho internacional”.

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EFE Bogotá

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