Ante el juez 53 de control de garantías de Bogotá se realizó ayer la continuación de la audiencia de solicitad de medida de aseguramiento en contra de Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados y Juan José Laverde, integrante de Rave Agencia de Seguros, por su presunta participación en la adjudicación del contrato entre Mintic y Centros Poblados.

Luego de que los tres detenidos fueron imputados por los delitos de falsedad en documento privado por la garantía que presentaron del Banco Itaú, además de fraude procesal por las garantías de cumplimiento y acta de inicio del contrato, la Fiscalía pidió que fueran enviados a la cárcel.

La solicitud la sustentó la fiscal “teniendo en cuenta estos hechos lastimosamente de corrupción que afectan al conglomerado social”, y agregó que “pueden obstruir las acciones de la Fiscalía para acreditar las conductas”.

Además, la fiscal le dijo al juez de garantías que los ahora capturados representan un peligro para el proceso y la comunidad, que deben estar en una cárcel, ya que se pudo probar que su actividad criminal se ejecutó y se extendió a pesar de estallar el escándalo por la falsedad de las garantías bancarias.

Para iniciar la audiencia de ayer, Iván Cancino, quien representa como víctima al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, respaldó las pretensiones de la Fiscalía y aseguró que sí se configuró el delito de falsedad en documento privado, por cuanto las garantías que se presentaron para la adjudicación del contrato fueron falsas.

“Lo que no tiene ninguna discusión es que el hombre detrás de algunas compañías de Centros Poblados sí era el señor Emilio Tapia, está comprobado con reuniones en al menos dos partes de Colombia, en Medellín y Bogotá, está establecido desde la parte probatoria que sí tuvo conocimiento del tema de la producción de las garantías”, dijo Cancino.

El abogado, además, consideró necesario embargar los bienes de los tres implicados para que no puedan venderlos o traspasarlos y así pueda asegurarse o se intentara recuperar el dinero que perdió la cartera de Gobierno con este contrato.

Piden beneficios

Alejandro Sánchez abogado de Emilio Tapia, se opuso a la pretensión de la Fiscalía, sustentando en un primer punto el ajuste de legalidad, asegurando que, si el contrato es uno solo, la conducta debería ser una sola también y que la Fiscalía presentó al menos seis conductas en relación a las actuaciones del contratista, por lo que busca evitar una inflación de cargos.

El defensor de Emilio Tapia pidió que no fuera concedida la medida de aseguramiento en una cárcel y que, de no conceder este beneficio, se aplique casa por cárcel, porque Tapia no representa peligro para la sociedad, pues ha colaborado con la justicia, ha observado buena conducta, además que por estar en medida de casa por cárcel no podría salir de la vivienda, “lo pueden vigilar en su vivienda y lo podrían monitorear constantemente”.

DATO

El representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde, no representarían el mismo peligro, a juicio de la Procuraduría.