Colombia el país más peligroso para líderes ambientales

Crédito: Archivo EFE / EL NUEVO DÍA
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Las razones por las que Colombia encabeza la lista de asesinatos de defensores ambientales son variadas, una de ellas es que los grupos armados se han fortalecido y se ha creado un clima de represión en un contexto de crisis social.
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Defender el medio ambiente es año tras año una labor más peligrosa para los liderazgos de América Latina, especialmente en Colombia, donde estos activistas viven con la amenaza constante de ser silenciados ante la falta de voluntad y capacidad del Gobierno para protegerlos, según un informe.

El estudio “Proteger Nuestra Casa Común: defensoras y defensores de la tierra y del medioambiente en Latinoamérica”, divulgado ayer, analiza las condiciones “que perpetúan las desigualdades profundas” para los liderazgos ambientales en Honduras, Brasil, Perú, Guatemala, Bolivia y Colombia.

El estudio, coordinado por la Agencia Católica para el Desarrollo (Cafod) y cofinanciado por la Unión Europea, advierte sobre Colombia que el Estado ha demostrado carecer de capacidad o voluntad para proteger a sus líderes de la violencia, pues 177 de los 331 asesinatos de defensores ambientales en el mundo ocurrieron en Colombia, según Front Line Defenders.

“Nuestro informe revela una tendencia alarmante de ataques a quienes están en la primera línea de protección de derechos humanos y medioambiente en toda América Latina”, resumió durante la presentación del documento la coordinadora para la región Andina de Cafod, Emily Mulville.

Colombia: El país 

más peligroso

El capítulo sobre Colombia recoge las denuncias de las comunidades indígenas de La Guajira defensoras del agua que se han visto afectadas por la mina El Cerrejón, el proyecto minero de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, así como los asesinatos de cuatro lideresas del departamento del Cauca, crímenes en los que todavía no hay justicia.

Según las investigaciones, la situación en Colombia se ha exacerbado con los efectos de la pandemia, principalmente en las zonas rurales, y por el recrudecimiento del conflicto armado.

Por esa razón, el informe concluye que, aunque el país andino cuenta con un sistema de protección por medio de la Unidad Nacional de Protección adscrita al Ministerio del Interior, un sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y mesas territoriales de garantías, “ninguno de estos mecanismos es totalmente efectivo para proteger las vidas” de los defensores.

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EFE, BOGOTÁ

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