Los indígenas habían presentado en el Ministerio Público una demanda de juicio contra Morales y su vicepresidente Alvaro García, ministros y jefes policiales por la represión sufrida en un poblado al norte de La Paz, cuando centenares de ellos caminaban a La Paz.

La acusación fue por violación de derechos humanos, y se vio reforzada por la oposición de derecha, que entabló otro juicio por el mismo caso.

"Con relación a las dos altas autoridades del Estado boliviano (Morales y García), la decisión del suscrito Fiscal ha sido rechazar precisamente las dos proposiciones acusatorias que se han planteado", dijo en rueda de prensa el Fiscal General, Mario Uribe.

La autoridad explicó que "no hay pruebas suficientes" de que las dos autoridades ordenaron la acción policial, mientras acotó que proseguirá el proceso investigativo, principalmente contra el ex ministro de Interior, Sacha Llorenti, y dos jefes policiales.

La Policía intentó el 25 de septiembre frenar la marcha por la fuerza, dejando varios heridos y lesionados, pero los nativos se rearticularon a los pocos días y retomaron su caminata a La Paz, en rechazo a una carretera que Morales impulsa y que atravesaría una reserva indígena en el centro del país.

El gobierno aprobó una ley, atendiendo el reclamo ambientalista de los aborígenes, aunque en los últimos días retomó la idea de ejecutar la obra de 300 kilómetros que cuenta con una financiación millonaria de Brasil.