El estudio realizado por la organización Constitution Project, que acusa en primer lugar al gobierno de George W. Bush pero que también se refiere a "acciones" emprendidas durante el período de Bill Clinton y durante el actual gobierno de Barack Obama, destaca que la tortura "se aplicaba en y fuera del país".

La investigación concluye que "la tortura tuvo lugar en varias ocasiones y en un amplio espectro de lugares" y que de ninguna manera se limitó a tres detenidos sometidos a ahogamientos limitados (el llamado "submarino") en cárceles de la CIA y hoy detenidos en Guantánamo, Jaled Cheij Mohammed, Abu Zubayda et Abd al-Rahim al-Nachiri.

El informe de 577 páginas, realizado por un equipo de once personas, acusa a "los más altos responsables del país -civiles y militares- de tener una parte de la responsabilidad por haber autorizado y contribuido a la extensión de la tortura".

En primer lugar, dice el informe, por disposición unilateral de Estados Unidos, la Convención de Ginebra, "instrumento venerable para garantizar un tratamiento humano a los detenidos en tiempos de guerra, no se aplica a los miembros de Al Qaida ni a los talibanes encarcelados en Afganistán o en Guantánamo".

Y además, el presidente Bush autorizó a la CIA a emplear "métodos rudos" en los interrogatorios de ciertos detenidos.

La tendencia se invirtió, según el informe, tiempo después de que se revelaran "las atrocidades cometidas en (la cárcel de) Abu Graib (Irak) en 2004" y "la consiguiente condena en y fuera del país", acompañada por un sentimiento de "vergüenza entre los estadounidenses".