afp, QUITO

La Corte Constitucional de Ecuador abrió ayer el camino hacia la reelección indefinida del presidente Rafael Correa, en el poder desde 2007, tras autorizar al Congreso de mayoría oficialista a enmendar la Carta Política.

El tribunal determinó que el Parlamento podrá tramitar 16 enmiendas constitucionales planteadas por el oficialismo, entre ellas la reelección indefinida para todos los cargos de elección popular, según un fallo divulgado en la ciudad de Guayaquil.

La aprobación de estas iniciativas “procede a través de enmienda constitucional”, lo que faculta al Legislativo a ocuparse de su trámite, señaló la Corte en su resolución.

“Estamos muy complacidos con este dictamen de la Corte Constitucional”, dijo la legisladora oficialista Soledad Buendía.

El fallo, que no tiene apelación, despeja el camino para que Correa pueda postularse a un nuevo mandato de cuatro años en las elecciones de 2017.

La Corte se inclinó a favor de la tesis del oficialismo según la cual las enmiendas constitucionales deben ser aprobadas por el Congreso y no sometidas a referendo, como defendía la oposición.

La actual Constitución, que fue promovida por Correa y aprobada en consulta popular en 2008, permite la reelección presidencial consecutiva o no por un solo período.

“Parece” que la Corte Constitucional “ha aprovechado el feriado de difuntos para enterrar uno de los pilares de la democracia ecuatoriana”, reaccionó el líder opositor Guillermo Lasso.

Trámite en el congreso

Tras el fallo, el Parlamento deberá aprobar de aquí a un año la propuesta de reelección indefinida en dos debates, lo que prácticamente está garantizado teniendo en cuenta la sólida mayoría legislativa del gobierno.

“Vamos a constituir una comisión especializada ocasional para el efecto (de tramitar esta propuesta). Esperamos que hasta fin de año podamos tener el informe para” su aprobación en primer debate, dijo Buendía.

En su fallo, el tribunal constitucional también dio paso para la aprobación, vía Congreso, de enmiendas que permitirían declarar a la comunicación un “servicio público”, autorizar a las Fuerzas Armadas para que apoye a la policía en la seguridad interna, y reducir de 35 a 30 años la edad mínima para ser elegido presidente.