Tres investigaciones, una estadounidense, una afgana y una de la Otan, ya fueron diligenciadas sobre este caso, pero MSF, que tilda al ataque de “crimen de guerra”, dijo el miércoles que “no confía en una investigación militar interna”.

Su presidenta, Joanne Liu, reclamó una “comisión internacional humanitaria para restablecer los hechos” que condujeron a la muerte de 12 empleados de la ONG y 10 pacientes, y a la destrucción del edificio principal de su hospital en Kunduz, un establecimiento sanitario vital para los civiles atrapados entre el fuego de los combates entre el ejército afgano y los rebeldes talibanes.

“No se trató únicamente de un ataque contra nuestro hospital, sino de un ataque contra las Convenciones de Ginebra. No lo toleraremos”, afirmó Liu, invocando las reglas del derecho humanitario en tiempos de guerra.

Firmadas en 1949, las Convenciones de Ginebra codifican sobre todo el comportamiento que los beligerantes deben adoptar para proteger a los heridos y enfermos “en cualquier circunstancia”.

“Lastimosamente”, este bombardeo “no fue un error”, estima Mego Terzian, presidente de MSF Francia, haciendo alusión a que la organización no está de acuerdo con el uso de esa palabra.