La mayoría opositora en el Parlamento venezolano denunció ayer ante la Fiscalía a las autoridades de justicia, a las que acusa de servir al chavismo, por considerar que busca la anulación de ese órgano del Estado como parte de un profundo conflicto de poderes.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, acudió al Ministerio Público a presentar los alegatos luego de que el pasado fin de semana el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, suspendiera las decisiones de siete sesiones del Parlamento realizadas en abril y mayo.

“Todo esto forma parte del tinglado que vienen preparando para acusarnos de desacato, convertir el desacato en flagrancia, la flagrancia en una especie de ilícito que afecta nuestra inmunidad”, aseguró Ramos Allup, al insistir en que la Corte busca “allanar” la protección parlamentaria.

La Sala Constitucional del TSJ decidió suspender de manera cautelar “los efectos” y “actos” de esas sesiones, al admitir demandas de nulidad interpuestas por legisladores chavistas, que acusan a la directiva parlamentaria de incumplir el reglamento que exige convocar las reuniones con 48 horas de anticipación.

“No vamos a acatar ninguna sentencia o decisión de cualquier organismo que viole la Constitución y nos impide el derecho a la defensa”, sentenció Ramos Allup.

El dirigente opositor señaló que “al no poder recurrir a un organismo írrito” acude a la Fiscalía a “consignar los argumentos respecto de este insólito caso que lo que pretende es desconocer la voluntad popular expresada el 6 de diciembre”.

Venezuela vive un fuerte conflicto de poderes desde enero, cuando la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática asumió el control del Legislativo tras ganar las históricas elecciones parlamentarias de diciembre, que pusieron fin a 17 años de hegemonía chavista.

POR REVOCATORIO

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó remover el lunes en la noche y en 48 horas a los funcionarios que ocupen cargos directivos en cinco ministerios y hayan firmado a favor de un referendo revocatorio en su contra, impulsado por la oposición.

El dirigente oficialista Jorge Rodríguez dijo que se entregaron listas con “los nombres de las personas (...) que de forma pública expresan su cercanía con la derecha venezolana y que participaron en el proceso de autorización del partido de la derecha para la activación del fenecido referendo”.