Bolivia lloraba ayer el asesinato del viceministro del Interior, Rodolfo Illanes, a manos de mineros que bloqueaban vías y con quienes intentó negociar sus reivindicaciones laborales, una protesta que para el gobierno forma parte de una conspiración política.

A raíz de la situación, los piqueteros se habían retirado de los caminos que disputaron durante tres días a punta de dinamitazos con los policías, en choques que también dejaron dos mineros muertos y unos 20 policías heridos.

Illanes, secuestrado el jueves por mineros que cortaban una ruta, fue torturado y asesinado por sus captores. Su cuerpo fue abandonado envuelto en una frazada cerca de la carretera Oruro-La Paz, que ya fue liberada al tránsito. Desde allí fue llevado de madrugada a una clínica para la autopsia legal.

“La causa de la muerte ha sido básicamente por derrame cerebral, tenemos traumatismo cerebral y torácico; tenemos también costillas fracturadas, ha sido una escena muy dura, ha habido una flagelación”, dijo el fiscal de La Paz, Edwin Blanco.

Conspiración

“En esta movilización de Fencomin había una conspiración política y no una reivindicación social para el sector”, manifestó el presidente de Bolivia, Evo Morales, en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

“Siento que esta conspiración permanente está usando a discapacitados, usando al transporte privado y a los cooperativistas” para afectar al gobierno, sostuvo.

Morales, en el poder desde el 2006, recordaba así las recientes protestas contra su gobierno que han organizado transportistas y colectivos de discapacitados en demanda de mayores beneficios.

¿por qué protestan los mineros?

La Fencomin rechaza tanto la libre sindicalización en las cooperativas como la ley de cooperativas que otorga un plazo de dos años para la adecuación de sus estatutos.

También reniegan de una modificación a la ley Minera que prohíbe el alquiler de las concesiones mineras -que pertenecen al Estado- a privados o extranjeros. Unas 30 concesiones fueron alquiladas al margen de la ley.

Asimismo, reclaman flexibilizaciones a las normas medioambientales; la inclusión de delegados de los mineros al directorio del seguro social estatal; la reposición del Viceministerio de Cooperativas, bajo su control, y la creación de un ministerio del área.

Piden un trato preferencial en el pago de energía eléctrica.

Pese a que el sector no paga impuestos y sólo una regalía de 2,5% por la venta de minerales (las empresas estatales pagan 8,5%), plantean que esas regalías sean invertidos en proyectos que les favorezca.