La exfiscal venezolana Luisa Ortega, quien abandonó su país tras ser acusada de traición por el Gobierno, afirmó ayer que tiene “muchas” pruebas de corrupción contra los principales dirigentes chavistas y contra el presidente Nicolás Maduro, que entregará a otros países para que las investiguen.

Ortega atribuyó su destitución y la persecución política que dice sufrir en Venezuela “al afán de esconder los hechos de corrupción de los que tengo muchas pruebas” y a las investigaciones que adelantaba sobre los sobornos pagados por la constructora Odebrecht a varias autoridades.

“Tengo pruebas en el caso Odebretch que comprometen a Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros”, afirmó Ortega en la ceremonia de apertura de una reunión de fiscales de los países del Mercosur en Brasilia, donde dijo que quería denunciar ante el mundo la situación de “corrupción desmedida”, en Venezuela.

“Estas pruebas que tenemos se las voy a entregar a las autoridades de distintos países, como Estados Unidos, Colombia y España, para que se investiguen, porque en Venezuela no hay justicia, en ese país es imposible que se investigue cualquier hecho de corrupción o de narcotráfico, y, en consecuencia, la comunidad internacional tiene que investigar estos casos”, agregó.

Entre otros, citó el de una empresa mexicana que sería propiedad del propio Maduro contratada por el Estado venezolano para distribuir las Clap (bolsas de alimentos repartidas entre personas de escasos recursos).

“En el caso de Odebrecht hemos detectado que a Diosdado Cabello le depositaron 100 millones de dólares en una empresa que sería española, denominada TSE Arietis, cuyos propietarios son sus primos”, agregó.

La exfiscal, disidente del chavismo, dijo que todas esas pruebas estarán a disposición de los países que las requieran.

Visado a venezolanos

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, anunció que los venezolanos necesitarán “visa estampada” para ingresar a Panamá, a partir del primero de octubre, lo que implica que una solicitud será contestada probablemente en un mes, una vez pase los controles de las autoridades de seguridad, previo pago de 50 dólares.

En tanto, los 25.000 “chamos” que están censados en Panamá con un estatus no permanente, tendrán la oportunidad de regularizar su situación, en un gesto de solidaridad manifestado por Varela, aunque su ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, advirtió ayer que “no todos” reunirán los requisitos y tendrán que “salir del país”.

Dato

Brasil le ofreció ayer asilo político a la exfiscal venezolana Luisa Ortega.