En una reunión celebrada en Barcelona, la fiscalía superior de Cataluña dispuso que un alto funcionario del ministerio español de Interior coordine las operaciones de la policía nacional, la Guardia Civil y la policía autónoma de Cataluña, para reforzar el dispositivo encaminado a impedir la consulta, prohibida por la justicia.

El gobierno independentista catalán, decidido a celebrar el referéndum, denunció enérgicamente la decisión como una “injerencia”, ya que la medida pone bajo control del ministerio del Interior a la policía regional, los Mossos d’Esquadra.

“Denunciamos la voluntad de intervenir los Mossos d’Esquadra”, dijo el consejero catalán de Interior, Joaquim Forn, añadiendo que sus servicios están “estudiando” un recurso.

“No entendemos y por tanto criticamos rotundamente” la decisión del gobierno español, abundó el Sindicato Autónomo de Policía (SAP).

El mando de los Mossos indicó no obstante en una nota informativa que dará “cumplimiento” a las instrucciones entregadas por la fiscalía, si bien “no comparte” que su actividad se vea “tutelada por un órgano dependiente del Ministerio del Interior”.