“El texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera (en la definición de terrorista) a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta”, afirmó el portavoz de la Oficina, Rupert Colville.

La Ley contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobada el pasado lunes impone una pena de entre 15 a 20 años de prisión por el delito de “terrorismo”.

Colville puntualizó, además, que la ley fue aprobada por un Congreso “casi totalmente controlado por el Gobierno”.

El portavoz pidió a las autoridades que informen sobre el paradero de los defensores de los derechos humanos Medardo Maireno y Pedro Mena, “quienes podrían ser víctimas de desapariciones forzadas”, denunció.

Ambos fueron detenidos hace cinco días en el aeropuerto de Managua y desde entonces las autoridades no han informado sobre su paradero a pesar de haber peticiones judiciales expresas al respecto.

“Vemos una tendencia a criminalizar a defensores de los derechos humanos o a gente simplemente por el hecho de participar en protestas”, dijo Colville.