ÁNGELA CASTRO ARIZA

El 2018 ha sido la cúspide de la crisis peruana a la sombra de la corrupción de Odebrecht. En un hecho inédito, en los últimos 17 años, todos los presidentes que han gobernaron después de Alberto Fujimori, están actualmente en la mira de la justicia por la trama corrupta de la que fuera la mayor constructora de América Latina.

La brasileña Odebrecht repartió millones de dólares para varias campañas presidenciales o pagó sobornos por un valor cercano a los 800 millones de dólares, no solo en Perú.

Al menos nueve expresidentes en América Latina, incluido Juan Manuel Santos en Colombia, han sido salpicados. De hecho, en Brasil, ya fue condenado el primero, el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva.

Perú se constituye en un importante referente del impacto que ha tenido la corrupción de Odebrecht a lo más alto del poder. Uno de ellos fue Pedro Pablo Kuczynski, quien en marzo de este año no tuvo más remedio que dar un paso al costado y renunciar a la Presidencia.

Su predecesor, Ollanta Humala tiene cárcel preventiva por el mismo caso; mientras que Alejandro Toledo hace frente desde Estados Unidos a un pedido de captura por presuntos pagos de Odebrecht a su campaña. Y en el más reciente capítulo de esta coyuntura política, Alan García pidió el pasado fin de semana asilo político a Uruguay.

Eso, sin mencionar, que la política Keiko Fujimori permanece bajo prisión preventiva, acusada de recibir 1,2 millones de dólares de la firma brasileña.

Frágil institucionalidad

Renzo Mazzei, analista político peruano, considera que hay dos lecturas de lo que está pasando en su país.

La primera “que ha primado a nivel internacional, en el sentido de que al Perú no le tiembla la mano para sancionar incluso a sus expresidentes”, explica.

Como dato adicional, destaca, que ha sido el período democrático más largo desde la historia de la República del Perú. “Hemos tenido cuatro elecciones consecutivas, desde Toledo hasta Kuczynski, sin embargo, irónicamente los cuatro expresidentes están siendo investigados por la justicia”, sostiene.

A todas luces, después de casi dos décadas de tratar de reconstruir su democracia, Perú aún continúa luchando por encontrar una fórmula que le permita al gobierno funcionar sin corrupción.

La otra lectura, según Mazzei, se refiere a que “los peruanos nos hemos equivocado en elegir reiteradamente, lo que revela que nuestra democracia es una de las más imperfectas de la región””.

Especialmente el analista político describe la herencia del fujimorismo durante 10 años de gobierno, que vulneró las organizaciones políticas tradicionales, y las redujo a su mínima expresión.

Y luego, cuando se recuperó la democracia con Toledo en 2001, advierte que las instituciones políticas que debían asumir ese reto democrático no estaban preparadas “y estamos pasando factura de estos 18 años de democracia”.

Por su lado, Matías Franchiti, profesor de la Facultad de Ciencia Política, de la Universidad del Rosario, dice que un punto importante con la crisis en Perú tiene que ver con un aumento de la visibilidad del fenómeno de la corrupción en América Latina.

En ese orden de ideas, remarca que es claro que la justicia peruana es la que más ha avanzado con respecto a otros países comprometidos con el caso Odebrecht, “de tal manera que hay un efecto político que ha sido fundamental” y que, puede ser importante en la medida en que permita esclarecer los episodios de corrupción.

Sin embargo, Franchiti reconoce que no está claro es en qué medida las investigaciones tienen que ver con una lógica de independencia de la justicia, o tienen que ver con otro tipo de intereses, como políticos.

¿Asilo o maniobra?

En cuanto a la petición de asilo del expresidente Alan García ante la Embajada de Uruguay en Perú, alegando “persecución política” Nicolás Carrillo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, observa que “se enmarca en una costumbre regional de asilo diplomático, reconocida por la propia Corte Internacional de Justicia”.

Sin embargo, plantea una pregunta, y es “si las investigaciones o actuaciones penales internas, y las mismas sanciones, pueden constituir una forma de persecución”.

En opinión de Carrillo, todo dependerá de que se configure o no persecución de la que dice ser víctima el expresidente García, “lo cual a mi juicio apoya la institución del asilo diplomático”.

Hay que recordar, que el expresidente García, quien ya estuvo asilado en Colombia en 1992 por el golpe que dio Alberto Fujimori, es investigado por el millonario contrato para la construcción del metro de Lima y además, por recibir 100 mil dólares por una conferencia que dictó en 2012 en Brasil.