La muerte del expresidente peruano Alan García, quien ayer se disparó en la cabeza cuando iba a ser detenido por supuestos delitos de corrupción, ha conmocionado a Perú y agrava el impacto de la crisis generada por el caso Odebrecht.

García falleció mientras era operado en el Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, de Lima, de las graves heridas causadas por el disparo que se dio cuando policías y fiscales llegaron a su casa con una orden de detención en su contra.

Esa orden se emitió a pedido del fiscal José Domingo Pérez después de que el pasado domingo se difundiera que Odebrecht, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la Justicia peruana, reveló que el exsecretario presidencial Luis Nava, y su hijo José Nava, recibieron cuatro millones de dólares de la empresa para lograr el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

El expresidente García fue ingresado en medio de una gran confusión en el centro médico a donde fue trasladado por la Policía que fue a detenerlo a su casa.

El director del hospital, Enrique Gutiérrez, señaló que el exgobernante presentaba un disparo de arma de fuego “con orificio de entrada y salida”, en el cráneo y que todos los médicos del Casimiro Ulloa participaron en la operación que intentó salvarle la vida.

Un comunicado detalló que García murió, tras haber recibido el diagnóstico de un traumatismo cráneo encefálico grave “por proyectil de arma de fuego y hemorragia incontrolable de base de cráneo”.

“Su deceso se produjo producto de una hemorragia cerebral masiva por proyectil de arma de fuego y paro cardiorrespiratorio”, señaló el comunicado antes de expresar “las condolencias a los familiares”.

Su muerte, además de haber consternado a los peruanos, sembró la incertidumbre sobre la situación política en el país y el impacto del caso Odebrecht, debido a las acusaciones de representantes del Partido Aprista Peruano (PAP), que lideraba el expresidente, contra la Fiscalía, medios de comunicación y el Gobierno.

El congresista aprista Mauricio Mulder declaró que esta tragedia es “la concreción de todo un mecanismo de persecución y búsqueda de popularidad enfermiza por parte de algunas personas imbuidas de poder que quieren pasar a la historia como carceleros”.

“La historia de sus biografías quedará escrita en páginas muy escondidas y letras muy pequeñas”, agregó.

Por su parte, el excanciller Luis Gonzales Posada acusó a la Fiscalía de querer apresar arbitrariamente a políticos sin un debido proceso, y la excongresista y exministra del Interior Mercedes Cabanillas, coincidió en acusar al Ministerio Público de abusar de su autonomía para perseguir a personajes como García.

Tras conocerse la situación, grupos de militantes apristas llegaron hasta las afueras del hospital y protagonizaron algunos altercados con la Policía mientras acusaban a la Fiscalía y a medios de comunicación de haber presionado a García con sus denuncias.

Ante la confusión generada por el trágico suceso, el ministro del Interior, Carlos Morán, defendió la actuación de las autoridades y detalló que la detención fue ordenada por el juez José Luis Chávez, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria.

El ministro relató que el operativo estuvo a cargo del fiscal Henry Amenábar y un grupo de agentes que se identificaron ante García y le informaron que iba a ser arrestado.

Sombra de la corrupción

 El final del presidente Alan García fue causado en último extremo por la sombra de la corrupción, que acompañó su paso por la política, sombra de la que pudo escapar con éxito en numerosas ocasiones pero que, tras el estallido del escándalo Lava Jato y las confesiones de la empresa brasileña Odebrecht, le dejó completamente arrinconado.

La situación del exmandatario se precipitó en noviembre de 2018, cuando García, quien residía en España, visitó su país natal para participar en una cita con la Fiscalía para ser interrogado en el marco de una investigación por corrupción que vinculaba a varios de sus colaboradores.

Allí se encontró con su inclusión en la lista de investigados y con un pedido de impedimento de salida del país, mientras la prensa informaba que la documentación aportada por Odebrecht recogía pagos irregulares al exmandatario que confirmarían su participación en actos de corrupción. 

Cifra

69 años de edad tenía el expresidente en dos ocasiones del Perú, Alan García.