La legalización de la marihuana o el cannabis sigue en el centro del debate mundial y constituye un punto de inflexión entre legislación y sociedad. Posturas a favor y en contra que, por ahora, parecen irreconciliables.
Mientras hay países que están a la vanguardia en cuanto al tema, otros han dado un paso intermedio de regular el uso de esta droga,  y algunos han adoptado un enfoque coercitivo y han ido más allá, con políticas criminalizadoras y punitivas.
Países como Uruguay, Canadá, Holanda, Colombia, Israel y Estados Unidos (28 de los 50 estados han legalizado de algún modo el consumo y que suman el 38% de la población) son algunos de los que han regulado el uso del cannabis, pero lo han hecho a su manera y bajo sus propias reglas. Han pasado de la prohibición a la tolerancia y de la tolerancia a la legalización.

Si bien su uso con fines médicos está bastante admitido, pero uso recreativo está mucho más limitado. 
Los casos de Uruguay y Canadá llaman la atención, pues se han convertido en referentes a nivel mundial de la aprobación de su uso con fines recreativos. La apuesta de estos países es reducir el mercado negro. 

Uruguay fue pionero en 2013,  donde el Estado controla desde el cultivo hasta la distribución de la marihuana. Cinco años después Canadá le siguió los pasos, donde comprar cannabis, una dosis mínima de 30 gramos diarios, es legal.
Pero sin duda,  Holanda ha sido el país más liberal y laxo  en ese sentido, ya que desde 1976 permite la venta y consumo de marihuana en espacios determinados, los llamados coffee shops. En ellos se pueden comercializar hasta 500 gramos diarios de droga, a razón de no más de cinco gramos por consumidor. 


¿Regular es el camino?

Para los expertos, la cuestión está en la regulación, mediante la consolidación y mantenimiento de una política pública que se constituya en un paso adelante en materia de salud pública. 

Sin embargo, los riesgos médicos asociados a un consumo ilimitado de marihuana también han llevado a muchos países del mundo a abstenerse de despenalizarla completamente, y han optado por aprobarlo con ciertos controles.
 Jochen Kleinschmidt, profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, ve con buenos ojos la opción de legalizar o regular el consumo de drogas.
En general, sería una medida adecuada para a largo plazo, reducir la violencia y permitir la integración social de los consumidores, estima el experto.

Aunque reconoce que obviamente es necesario regular a ese sector, y no simplemente permitir absolutamente todo.
En cuanto al argumento extendido de que  la droga legal podría reducir los delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, además del consumo, Kleinschmidt explica que según los estudios que existen, no cambiaría tanto el número de consumidores, pero bajaría el riesgo del consumo.

La clave es regular, no liberar el mercado, considera Mauricio Reyes, profesor de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional.

En su criterio, hay una óptica de salud pública desde la visión del consumidor, con la regulación, legalización y prohibicionismo.

“Los efectos represivos o educativos los dicta la política pública en su integralidad.Y los espacios de consumo en casi todas las sociedades se restringen al espacio doméstico o lugares regulados para no afectar derechos de los demás”, opina.
Al abordar el tema de la legalización, Reyes asegura que se bajaría el crimen organizado, pero no necesariamente mejora la seguridad en las calles, sin que previamente se haga una política integral de seguridad y salud pública. Esa, agrega, es la experiencia holandesa.

“Depende de la existencia de una política pública integral. Esos son buenos ejemplos”, argumenta.
Pero igualmente reconoce que  drogas duras como la heroína o la cocaína, no es posible legalizarlas, por su impacto en la salud.

Para él, el caso de Holanda muestra que todavía hay mucho por aprender. Y especialmente, “por los espacios y modalidades de consumo y su impacto en la sociedad. Teniendo en cuenta que los expertos cada vez más incluyen al alcohol como una droga más”.

Si bien la legalización de la marihuana puede tener un profundo impacto económico en los países que apuestan por su regulación, el experto afirma que se puede generar una industria de pequeña y mediana escala, pero “nunca comparable con los ingresos que se generan en la ilegalidad”.

Las cifras son elocuentes: de acuerdo con reportes de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, el narcotráfico genera aproximadamente ganancias anuales por un total de 650.000 millones de dólares.

Política pública

Viviana Manrique,  exviceministra del Interior de Colombia, define que el tema de la legalización tanto de la marihuana como de cualquier otra droga es una opción de política pública de cada país.

Si bien aclara que hay unos tratados y un consenso internacional frente al control de las drogas ilícitas. 

“Cada país tiene una política pública interna al respecto, especialmente lo que tiene que ver con salud pública como Canadá y Uruguay   donde tienen una población, donde ejercen unos controles, donde incluso hay unos registros de productos,  a diferencia del caso colombiano que permite el cannabis medicinal para usos terapéuticos”, subraya la experta en drogas ilícitas.

Así pues, Manrique reitera que cada país tiene una opción de política pública y de acuerdo con ella, decide legalizar totalmente o parcialmente ciertos productos con fines lícitos o lícitos terapéuticos con unas limitaciones de  cantidad de hectárea sembrada o tipo de productos, pero que es potestad de cada país. 

Según la internacionalista  de la Universidad del Rosario, la legalización de las drogas tiene una incidencia directa en “el comercio ilícito y el narcotráfico de los países que tienen legalizados los productos en algunos casos o no legalizados, se venden en el mercado negro, se venden de manera transfronteriza y ha generado otro tipo de  drogas sintéticas por ejemplo”.

A su juicio, lo importante aquí es analizar que es una decisión de política pública y de hasta dónde quieren permitir el uso y qué tipo de uso para la marihuana. Y cita el caso de Uruguay, con cerca de 3,4 millones de habitantes, que tiene unos controles estrictos que le permite tener una vigilancia para evitar mercado ilícito.


Nuevo enfoque

Carlos Andrés Pérez, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, subraya que con la legalización, lo que se propone es que el Estado pueda tener el monopolio y el control de los narcóticos, y que existan instituciones que puedan hacerse cargo de la producción, la comercialización y la calidad de estas drogas. 
En ese sentido, opina que el debate gira en torno a varios asuntos, uno de ellos referido a qué tipo de tratamiento se le puede dar como política de Estado para poder mitigar la situación del narcotráfico. Pero sobre todo, las consecuencias que tiene a nivel social, médico y económico en los estados.

Igualmente observa que en varios  países ha habido intentos satisfactorios y en ese orden de ideas, explica que se han logrado gracias a que se ha tratado el tema como una situación de salud pública.

Es decir, no se ha criminalizado la situación, es decir no tratan a los adictos como enfermos y no como criminales, añade el experto.

Aunque reconoce que sí ha creado carga impositiva muy fuerte al sistema de salud, señalando que los estudios prueban que al tratarse de esa forma, se cambian patrones de conducta  y situaciones arraigadas al consumo y comercialización de drogas.

El caso colombiano

En el caso colombiano, desde 2016 se abrieron las puertas al consumo de marihuana para uso medicinal. Sobre el particular, la experta Viviana Manrique indica que Colombia tiene una política pública según la cual está prohibido el porte de la dosis mínima de consumo de cualquier droga, aclarando que solo hay unos permisos, por parte de la Corte Constitucional, de cantidades específicas del porte de marihuana y cocaína.

En lo que se refiere al cannabis medicinal, señala que se permite para uso terapéutico y hay controles estrictos, e incluso hay empresas canadienses interesadas en comercializar el producto. 

Por su parte, el docente universitario Carlos Andrés Pérez considera que en Colombia el tema es complejo, porque el país pasó de ser productor para convertirse con el tiempo en consumidor. “Lo que nos lleva a pensar que los patrones de conducta están cambiando drásticamente”, menciona el experto, al referirse a que la famosa “guerra de las drogas” ha traído consecuencias importantes y ni siquiera dentro del negocio a nivel macro sino micro, con los combates que se libran dentro de las ciudades que ha golpeado especialmente a la población rural donde es evidente la ausencia del Estado. 

Dato 

La edad promedio de inicio en el consumo de marihuana en el mundo es de 18 años y tiene un riesgo de 10% de convertirse en adicción, a diferencia de la nicotina que tiene 32%.