Urgen medidas por violaciones a los DDHH

VANGUARDIA - EL NUEVO DÍA
El informe se publica después de que la alta comisionada Michelle Bachelet visitó Venezuela, en un viaje en el que mantuvo entrevistas tanto con Maduro como con Guaidó, y otras personalidades.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó hoy al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a acabar con “las graves vulneraciones de derechos” en Venezuela, en un informe que se publica tras la reciente visita a Caracas de la alta comisionada, Michelle Bachelet.

El informe, que presentará Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte que “si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”, que supera ya las cuatro millones de personas.

El documento denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.

El informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Denuncia una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares.

También les culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones.

 

“Colectivos”

En este sentido menciona a los grupos armados civiles progubernamentales, más conocidos como “colectivos”, y documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad o bandas afines al régimen.

“El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, entre otras el uso de la tortura y el acceso a la justicia, y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión”, afirmó Bachelet en el comunicado.

 

Cifra 

793 personas están privadas arbitrariamente de la libertad, entre ellas 58 mujeres.

AGENCIAS, GINEBRA

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