El programa DACA fue promulgado el 15 de junio de 2012 por el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, y supuso un alivio para miles de inmigrantes indocumentados que afrontaban el peligro de la deportación.

Además, evitó las deportaciones de unas 800.000 personas que llegaron a ese país siendo niños. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump objetó la aplicación de esa medida considerando que excedía las atribuciones del Poder Ejecutivo.

Trump argumentó que si el Tribunal Supremo, la máxima instancia de EE. UU., “hace lo que todos dicen que debe (hacer) sobre la base de la ley”, se llegará a un “acuerdo bipartidista para beneficio de todos” y citó a Christopher Hajec, un experto del Instituto para Ley de Inmigración, según el cual “el Tribunal Supremo considera ahora si la rescisión de DACA por parte de Trump fue legal. Debe considerarse la ilegalidad de DACA misma”.

En 2017 la Casa Blanca anunció que iba a suspender los beneficios de DACA alegando que el programa se creó “sin una autoridad legal apropiada”, y de inmediato la Universidad de California, una docena de estados y los beneficiarios iniciaron querellas legales.

El Tribunal Supremo de Justicia escuchará argumentos sobre el asunto el próximo 12 de noviembre, pero lo que estará en disputa no será la legalidad misma del programa DACA, sino la manera en que la Administración de Trump decidió terminarlo.

En junio pasado la Cámara de Representantes, donde el Partido Demócrata tiene mayoría, aprobó una nueva versión del programa DACA que incluye el otorgamiento de visas de residencia temporarias para los jóvenes llevados a ese país cuando eran niños, y abre una vía para que se conviertan en ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, el Senado, controlado por los republicanos, aún no ha valorado esa legislación y tampoco se espera que lo haga próximamente.