Los resultados son tangibles. México ha reducido a más de la mitad la migración de indocumentados del lado estadounidense de la frontera en los últimos tres meses, producto de las medidas de contención implementadas en el marco de un acuerdo alcanzado el 7 de junio pasado con la administración de Donald Trump.

Esta importante caída en las cifras oficiales de migrantes irregulares, en su mayoría centroamericanos, que pasó de 144.266 a 64.000 entre mayo y agosto, lo mismo que un número de deportados récord de 52.700, confirma el endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Endurecimiento que se tradujo en mayores controles gracias al despliegue de 25.451 efectivos, con el fin de blindar las dos fronteras, la que comparte con Estados Unidos y con Guatemala, así como las rutas migratorias. Pero igualmente el gobierno de Amlo se comprometió a ofrecer protecciones humanitarias y ofertas de empleo a los migrantes.

Esto, evidencia que Amlo ha cedido a la voluntad de Trump que amenazó con imponer aranceles a la importaciones mexicanas, pero de igual manera dejando atrás la política migratoria flexible que había mostrado durante los primeros meses de su mandato.

Justamente, el pasado martes, ambas partes se reunieron en la Casa Blanca para evaluar los avances del acuerdo bilateral. Mientras México rindió cuentas defendiendo el descenso en el tránsito migratorio, EE.UU. le insistió en que debe frenarlo aunque alejó la amenaza arancelaria.

Frente al tema, Sebastián Polo, analista político e investigador, explica que si bien se registra una reducción en cuanto a los flujos de migrantes irregulares, producto de medidas de control, explica que no es necesariamente por México, que ha sido un país que ha tenido una vigilancia de las migraciones sostenida frente al tránsito centroamericano.

El contraste

Sin embargo, los logros difundidos por el Gobierno mexicano contrastan con la situación de derechos humanos de los migrantes.

Las medidas de control migratorio, han advertido organizaciones no gubernamentales, han dejado como resultado un aumento de la violencia, la clandestinidad y el peligro y es reflejo de una “política migratoria restrictiva y agresiva para la población migrante”.

Se habla de que las autoridades mexicanas han desplegado redadas en trenes hacia el norte, sacando a migrantes de autobuses o de camiones de carga en los que viajaban de forma ilegal y han instalado patrullas militares frente a los albergues u hoteles para ‘cazar’ a indocumentados.

Incluso, haciendo eco a esta situación, la alta comisionada Michelle Bachelet se mostró preocupada por el endurecimiento de las condiciones de los migrantes y el “creciente riesgo” de que sufran violaciones de derechos humanos.

Para María Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, es claro que el gobierno de Amlo privilegió el tema económico al tema de derechos humanos y asistencia humanitaria.

Es más, asegura que el presidente mexicano, que se dice de izquierda, maneja un doble discurso, en el sentido de que quiere que sus mexicanos sean bien tratados en Estados Unidos, pero por otro lado, está frenando la migración de centroamericanos hacia el país del norte.

Palacios sentencia que ese acuerdo bilateral desconoce la realidad de la migración, debido a que en su afán por contenerla, produce un “efecto embudo”, que significa que los colectivos de migrantes se concentran entonces en países como Salvador, Belice, Costa Rica y Guatemala.

“En realidad, Estados Unidos no quiere que el problema de los latinoamericanos sea su problema”, sostiene la experta, quien señala que por esa razón ofrece cuotas atractivas a los gobiernos, los presiona con imponerles aranceles y sanciones económicas, lo que a todas luces, dice, es “contraproducente”, pues el resultado final es el de exacerbar más el flujo migratorio.

Por último, concibe esto como una visión restrictiva que impacta directamente en la economía de los países y su calidad de vida.

Escenarios complejos

Más bien, considera que lo que ha sucedido es que la reducción de migrantes va a la par con el volumen o las lógicas mismas de las caravanas migrantes, las que son costosas y la imposibilidad de llegar a un territorio como Estados Unidos, “con cada vez unos escenarios más difíciles para la migración”.

Otro elemento a tener en cuenta en este caso, a grega, es que el control político más férreo sobre la protección de derechos humanos en la frontera ha demostrado que estas medidas están empezando a ser impopulares en Estados Unidos.

No obstante, aclara que esto no ha debilitado el capital político de Trump para hacerse con sus aliados y su base electoral, donde la lucha contra la inmigración ilegal ha sido bandera de su gobierno.

De otro lado, Polo señala que aunque México ha insistido en que no será un tercer país seguro para migrantes como lo ha propuesto Washington, puesto que eso implica un costo político y económico grande, recalca que este país también ha determinado, no solo un mayor control férreo en el muro, sino que está relacionado directamente con las lógicas propias de migración en el corto plazo.

Igualmente, hace referencia a que la situación de presión por parte de Estados Unidos también va de la mano con la diáspora mexicana, las expulsiones, los controles sobre las remesas, entre otros, temas.

Cifra

35 mil solicitantes de asilo han sido bloqueados en la zona fronteriza entre México y EE.UU., en lo que va del año.