La decisión del gobierno de Daniel Ortega de cerrarle la puerta a la OEA, que enviaría una misión para cerciorarse de la situación de derechos humanos en Nicaragua, en el marco de la peor crisis política que vive en el país centroamericano desde abril de 2018, es una señal inequívoca de la radicalización del autoritarismo del líder sandinista.

Con la prohibición del ingreso, el pasado sábado, de una comisión de siete funcionarios de la Organización de Estados Americanos, Ortega desafía abiertamente al organismo hemisférico y a la comunidad internacional, haciéndose el de la ‘vista gorda’ a los llamados de reanudar el diálogo con sus opositores, suspendido en julio pasado tras dos intentos fallidos.

Todo esto ocurre en medio de un contexto de represión indiscriminada e impunidad generalizada que ha dejado al menos 328 muertos, más de 2.000 heridos, 120 detenidos y más de 62 mil personas forzadas al exilio.

Mientras la oposición y organismos humanitarios acusan a Ortega de graves violaciones de derechos humanos, el mandatario nicaragüense insiste en que es víctima de una “conspiración armada y financiada por fuerzas internas y externas”, restándole gravedad a la crisis, señalando que preside un país “normal”.

En opinión de Mauricio Reyes, profesor de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Ortega ha dado un gran paso para consolidar su autoritarismo, sin importar ya el modelo de democracia de superficie, con el que pretendía verse como un demócrata ante la comunidad internacional.

No obstante, aclara que Ortega tampoco quiere repetir un informe de Michelle Bachelet como el de Venezuela, pues es algo que erosiona aún más su legitimidad.

Con esto se refiere al informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, publicado el pasado 10 de septiembre, que da cuenta de violaciones de los derechos humanos y la represión de las libertades fundamentales en Nicaragua un año después de las manifestaciones estudiantiles.

Considera un “error estratégico” que Ortega rechazara el informe de Bachelet, “una persona que dentro de la izquierda internacional ha estado fuera de toda sospechosa de ser un persecutora de las democracias o de hacer informes que vayan en contra de los mismos instrumentos internacionales de derechos humanos”.

“Ortega únicamente ha pretendido negociar con el ánimo de ganar tiempo frente a una oposición aglutinante, incluso con la Iglesia Católica que no ha estado dispuesta a negociar con él”, recalca Reyes.

Por lo tanto, agrega que la radicalización de Ortega “lo único que pretende es fortalecer su visión de autócrata y de legitimarse”.

Es decir, la lógica de conservar el poder cueste lo que cueste.

Esta idea es compartida por Sebastián Bitar, profesor Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes, quien asegura que Nicaragua sigue siendo un sistema mixto de autoritarismo competitivo.

En lo que concierne a derechos humanos, Bitar advierte que tiene pocas garantías en un proceso de consolidación del autoritarismo.

Pero destaca en ese sentido, que las ONG y las redes transnacionales de defensa de derechos humanos todavía pueden hacer presión sobre ese gobierno.

Aunque estima que Ortega tiene más que perder que Nicolás Maduro, recordando que tiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a través del tratado EE.UU.-Centroamérica, ya que está más cerca a EE.UU. y no tiene la capacidad petrolera o militar de Venezuela.

Vale la pena indicar que Nicaragua es el principal socio comercial de Estados Unidos, ya que recibe el 42.3% de las exportaciones del país centroamericano.

Eso, sin contar que Estados Unidos ya ha amenazado a Nicaragua con un embargo similar al aplicado a Venezuela.

Hugo Fernando Guerrero, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, observa que la posibilidad de un cambio de gobierno en Nicaragua será como consecuencia de un movimiento de la sociedad civil, más que la presión de la comunidad internacional, que si bien sirve, dice que no es efectiva, como ya se ha demostrado en Venezuela.

Según él, Ortega está jugando a mantenerse en el poder y desconocer cualquier tipo de presión internacional y en cambio, establecer alianzas clave a nivel interno como por ejemplo, con las Fuerzas Militares.

De hecho, afirma que hay un carácter dictatorial que ha dado tránsito a gobiernos como el de Nicaragua que generan un deterioro de la imagen internacional, “pero eso no implica que por esa pérdida de legitimidad institucional caigan los regímenes”.

“Él lleva un año enfrentando graves protestas pero que salga del poder no se vislumbra”, sostiene el experto, quien insiste en que no se puede negociar con un gobierno que desprecia los derechos humanos y toma el camino de la dictadura.

Cifra

18 años en el poder lleva Daniel Ortega, cuya esposa Rosario Murillo, es además la vicepresidenta del país.

Dato

Los bienes y activos en EE.UU. de 11 funcionarios del Gobierno de Ortega fueron bloqueados este mes por la entrada en vigor de sanciones económicas.