Desde que en 2014, estalló el escándalo de Odebrecht, el tema no ha dejado de ocupar titulares en toda Latinoamérica, mostrando grandes niveles de corrupción en una decena de países, que involucra a expresidentes, legisladores, empresarios, políticos, jueces y funcionarios.

El caso ha estado rodeado de misteriosas muertes, tres de ellas en Colombia; el suicidio de un expresidente, el peruano Alan García; amenazas a testigos clave, dramáticas confesiones, figuras políticas tras las rejas, como el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, e imputados prófugos de la justicia.

Toda una saga, que el pasado miércoles escribió un nuevo capítulo de sangre luego de que el ex vicepresidente de Odebrecht, Henrique Valladares, fuera hallado muerto en su residencia en Río de Janeiro.

Valladares era uno de los principales informantes que aceptó confesar las prácticas corruptas de Odebrecht y señalar a cómplices a cambio de beneficios judiciales, en el marco de la operación “Lava Jato”.

“Lava Jato” fue una gigantesca trama de sobornos de la constructora brasileña para obtener contratos de infraestructura, cuyos tentáculos se extendieron por 10 países de la región.

En todo este contexto, resulta irónico que Marcelo Odebrecht, expresidente de la multinacional y quien fuera uno de los hombres más poderosos de Brasil, fuese condenado en 2016 a 19 años de cárcel, pero trasladado en 2017 a prisión domiciliaria en una de sus mansiones. Además, aceptó delatar a cambio de una rebaja de 10 años en su condena.

Con él, otros 77 altos cargos de Odebrecht llegaron a acuerdos de culpabilidad, a cambio de años de libertad.

Aún hay mucha tela por cortar en torno al caso Odebrecht, a juicio de Lilian Ramírez, investigadora y decana de Economía de la Universidad Piloto de Colombia.

En virtud de lo anterior, considera que mucha información en torno a la investigación no ha salido a la luz pública, debido a que no se trata de un caso de corrupción simple o aislado, sino que, por el contrario, es un ejemplo de “macrocorrupción” que tiene una importancia y un impacto enorme en nuestros países.

Ramírez examina que el caso Odebrecht cobija elementos para que sea catalogado como un caso de corrupción sistemática y de alto nivel, donde los poderosos manipulan para que las investigaciones no se lleven a cabo o para callar por “las buenas o por las malas: esa es la triste realidad”.

Ejemplo claro de ello, añade la decana, son las muertes de figuras claves en el marco de las investigaciones que se adelantan en los distintos países, como en Colombia con el envenenamiento con cianuro en noviembre de 2018 del principal testigo del proceso, Jorge Enrique Pizano y de su hijo, cuatro días después.

Frente al tema, Juan Carlos Sánchez Sierra, historiador y experto en política latinoamericana, señala que aunque la muerte de Valladares, en circunstancias por determinar, arroja sombras sobre la investigación, la inquietud se profundiza si se tiene en cuenta que las tensiones políticas se agudizan en Brasil.

“El efecto puede ser un mayor despliegue investigativo por parte de organismos internacionales que aunque ya a cargo de las pesquisas, se sumaría a las sanciones que pueden caer sobre la economía del país en una de sus coyunturas más críticas en lo que va del siglo”, explica.

Sin embargo, advierte que a raíz de que la polarización aumenta a nivel interno, esta situación podría evitar “que el caso se tome por fuera de intereses y presiones políticas”.

Desde su punto de vista, una de las expectativas sería un impulso para adelantar las investigaciones con mayores garantías de independencia, “con el fin de que se descubran las intrincadas ramificaciones del caso de corrupción y sobornos, así como las inexplicables muertes de sus principales personajes como una forma de silenciar y paralizar la justicia”.

Por otra parte, le inquieta la manera como internacionalmente el caso avanza y a su paso han resultado muertes a menudo inexplicables en Colombia, Panamá, Perú y Brasil.

En particular se refiere con ello a que los enlaces corporativos involucrados están con el control de las riendas políticas y económicas en Latinoamérica, “algo que puede significar impunidad, continuidad en las prácticas, y nuevas escenas intimidantes para un caso que aún está por resolverse”.

Poderes comprometidos

Con respecto a la trama de Odebrecht, Julio Eduardo Benavides, analista político y, docente del programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, sostiene que hay un grupo mucho más amplio de gente de alto nivel comprometida que hace que en países como Colombia no caigan, porque si cae uno, es como un efecto “dominó” y caerían todos. A diferencia de Perú, donde dice que el proceso judicial ha sido más selectivo, y la oposición ha tenido cierta fuerza para juzgar a los involucrados en el escándalo, a pesar de que es un país “que tiene un poder judicial que no es el menos corrupto”.

Otro aspecto, anota, es que en el caso de Colombia hay una cierta tradición de impunidad en muchos sentidos y le llama la atención que los Jefes de Estado ejerzan un “carácter influenciador”, y se piensa que “no sería digno para un presidente que tenga que someterse al escrutinio de la justicia”.

Dato

Brasil, Panamá, República Dominicana, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia y Argentina son los países por donde se extendió la trama corrupta de Odebrecht.

Dato

La constructora brasileña desembolsó, entre 2007 y 2014, 788 millones de dólares entre Latinoamérica y África, para pagar sobornos.