Según los documentos remitidos ayer por el Ejecutivo del conservador Boris Johnson al Tribunal de Sesiones de Edimburgo, el Gobierno se compromete, en línea con la legislación, a pedir por carta a Bruselas una prórroga que evite una ruptura abrupta el próximo 31 de octubre.

Este fue el argumento en que el gabinete de Johnson basó su defensa durante la vista para valorar las consecuencias legales que podría asumir el primer ministro si forzara un divorcio por las bravas, lo que podría incluir la imposición de una multa y hasta una posible pena de prisión.

El caso, sobre el que el juez Lord Pentland se pronunciará el próximo lunes, está motivado por la demanda que han presentado la parlamentaria del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, el empresario Vince Dale y el representante de la asociación antibrexit “The Good Law Project” Jolyon Maugham.

Los demandantes temen que, pese a haber asegurado que se respetará la ley, el Gobierno busque algún subterfugio que le permita, al mismo tiempo que solicita la prórroga, evitar que esta se lleve a cabo y poder así forzar la retirada del club comunitario.

Una fuente de Downing Street, el despacho oficial del primer ministro, confirmó que el Gobierno cumplirá la norma, aunque reiteró que el “brexit” se producirá el 31 de octubre, como está previsto.

Cifra

142 mil millones de euros es el agujero que dejará la salida británica de la UE dejará a Reino Unido.