Cuatro de ellos fueron sentenciados también por malversación de fondos públicos y todos, que ya cumplían prisión preventiva, fueron inhabilitados para ejercer cualquier cargo público, así que no podrán presentarse a elecciones durante el mismo tiempo de la condena.

El tribunal acordó penas menores para otros tres acusados, que estaban en libertad condicional y no tendrán que entrar en prisión, aunque fueron condenados a multas por desobediencia.

La Justicia española procesó a estos doce líderes independentistas por la organización del referéndum ilegal de “autodeterminación” del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración parlamentaria unilateral de independencia, el 27 de ese mes.

Los siete jueces del tribunal apoyaron por unanimidad la sentencia condenatoria por sedición -como pedía la Abogacía del Estado-, pero descartaron el delito, más grave, el de rebelión, del que eran acusados por la Fiscalía española y supone hasta 25 años de cárcel.

Los condenados no cometieron este delito porque, a pesar de que hubo “indiscutibles episodios de violencia”, no fue suficiente para la secesión. El Estado mantuvo en todo el momento el control y la independencia se convirtió “en una mera quimera”, según la sentencia. Los condenados también son acusados de hacer creer a sus seguidores que estaban aportando al acto fundacional de la “república de Cataluña”.

Protestas contra la sentencia

Miles de simpatizantes independentistas catalanes colapsaron el aeropuerto de Barcelona en protestas por la sentencia del Tribunal Supremo español que dictó penas a nueve dirigentes secesionistas.

Además, cientos de manifestantes se congregaron en la céntrica plaza de Sant Jaume (que aglutina la sede del gobierno regional y el Ayuntamiento) y en los centros neurálgicos de otras ciudades catalanas.

El colapso del aeropuerto a causa de las protestas obligó a cancelar a 108 vuelos durante ayer y al menos otros veinte previstos para hoy.

Además se reportaron al menos 13 heridos leves durante las manifestaciones.