Poner en la misma categoría a los carteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el resto de grupos narcotraficantes con Al Qaeda, Hamas o el Estado Islámico, traería profundas implicaciones en las relaciones entre México y Estados Unidos.

Uno de los mayores riesgos que se corre es que pueda ser el punto de partida de un intervencionismo estadounidense, en el marco de la narcoviolencia que afronta su vecino del sur, lo cual a todas luces constituye un claro desafío para la soberanía nacional de México.

Elevar estos carteles del grado de criminales a terroristas no es una idea nueva, y es algo que el Gobierno mexicano rechaza tajantemente. En 2017 el presidente Donald Trump ya había amenazado al exmandatario Enrique Peña Nieto con enviar el ejército para frenar a los “malos hombres” mexicanos que quieren entrar a su territorio.

En este contexto, la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo) contra los narcos, que él mismo llama de “abrazos, no balazos” con la que busca distanciarse de la lucha frontal emprendida por sus dos predecesores, no ha dado los resultados esperados.

Sus críticos le reprochan que haya otorgado más poder al crimen organizado, pues los carteles de la droga siguen haciendo la guerra en un país que cerrará el 2019 como uno de los más violentos en su historia reciente, donde son asesinadas casi 100 personas todos los días.

Para entender la situación el analista político Diego Cediel, se refiere a dos antecedentes puntuales. En primer lugar, cita el episodio del pasado 17 de octubre, con la fallida captura del hijo del ‘Chapo’ Guzmán, donde quedó en evidencia la debilidad del Estado mexicano.

“Lo que mostró es que el aparato militar y político de los carteles es muy poderoso, y además, que tiene la capacidad de someter y reversar las decisiones del Estado y de la seguridad pública”, explica el experto consultado.

Menciona además, la masacre de nueve integrantes (tres mujeres y seis niños) de la familia LeBarón con ciudadanía mexico-estadounidense, el pasado 4 de noviembre, en límites entre Sonora y Chihuahua, cuyo control es disputado por el cartel de Sinaloa y la banda de La Línea.

Mientras EE.UU. argumenta que están atacando la vida y la integridad de sus ciudadanos, el gobierno de Amlo también le dice al gobierno de Trump que tras esa designación, es necesario combatir más el tráfico de armas que pasa del país norteamericano a México, a través del contrabando y organizaciones criminales.

Pero aclara que, sin la injerencia y sin ningún tipo de condicionamiento económico, como ya lo ha amenazado en el pasado Trump.

Según datos del Gobierno mexicano, cada año ingresan a ese país más de 200.000 armas de todo tipo. La mayoría de ellas, provienen de Estados Unidos e ingresan a través de la porosa frontera norte.

Para Óscar Palma, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, la masacre de la familia mormona LeBarón ha golpeado duramente a la opinión pública, e incluso al propio presidente Trump.

De allí que la determinación de catalogar a los carteles mexicanos como terroristas “es una decisión política, muy influida por la opinión pública y por la posición misma de Trump alrededor de los hechos”, reitera.

En términos prácticos, señala que la medida permitiría hacer uso de ciertos recursos de Estados Unidos en contra de los grupos criminales mexicanos, y dar una facilidad de utilización de medios, dinero y cooperación para enfocarla en la lucha en contra esas organizaciones.

Hace claridad en que el único escenario, no es necesariamente EE.UU. interviniendo militarmente sin el permiso de México, en territorio mexicano, si bien es una de las posibilidades no es la única, y opina, que de esto también depende la relación positiva, bilateral y fluida entre ambos países.

Por otro lado, Lilian Ramírez, decana e investigadora de la Universidad Piloto de Colombia, considera que la política de seguridad de Amlo relacionada con el tema de los carteles ha fracasado, de manera rotunda.

“Este es un problema de este gobierno y de los gobiernos anteriores, y que ha permeado distintos niveles de la administración pública mexicana a nivel local y federal, que ha contaminado a las policías estatales, los jueces y los fiscales generando efectos nocivos”, lamenta la experta.

Más que acciones de carácter unilateral sobre el territorio, Ramírez detalla que por lo general las intervenciones norteamericanas frente a los grupos terroristas se caracterizan, principalmente por tratar de ahogarlos financieramente y en combatir a sus aliados a los cuales se les sanciona en temas financieros, retiro de visa y sanciones a los gobiernos.

Golpe de opinión

Cediel también cree que hay un manejo electoral alrededor del tema.

Bajo ese enfoque, dice que Trump busca un golpe de opinión, mostrando que se está cuidando y que se está preservando la integridad y la seguridad de los estadounidenses donde sea.

Igualmente, observa un manejo un poco resultadista por parte de López Obrador, porque está cumpliendo un año de mandato.

“En ese escenario de resultadismos y efervescencia electoral, la designación de terrorista de los carteles se debe tomarse con calma”, plantea el analista político.

Dato

El Departamento de Estado de EE.UU. tiene a 69 organizaciones (incluidas Eln y Farc) que califica como terroristas.

Dato

En 2019, ya se contabilizan más de 28 mil muertos en México, cifra récord desde 1997.