Odebrecht vuelve a la carga en Perú y pone a tambalear al gobierno de Martín Vizcarra.

La cuestionada constructora brasileña demandó ante instancias internacionales al Estado peruano, el pasado jueves, por 1.200 millones de dólares, tras la cancelación del contrato de concesión del megaproyecto de construcción del Gasoducto Sur Peruano, GSP.

Se trata del mayor proyecto de masificación de gas natural en el país andino, que contempla la construcción de 1.000 kilómetros de tuberías que deben partir del yacimiento de Camisea, en la selva del Cusco, hasta la costa del Pacífico.

La obra fue adjudicada en junio de 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, por más de 7.000 millones de dólares a un consorcio conformado por Odebrecht y la española Enagás, en una licitación que fue justamente investigada porque se presentó un solo oferente.

Pero el contrato se dio por terminado a finales de 2017 en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Además, le impuso una multa millonaria por incumplimiento, debido a que no logró la financiación necesaria para concluir la obra, la cual quedó paralizada en medio de la revelación del mayor escándalo de corrupción de Perú y otros 11 países de la región.

Ahora, Odebrecht pide una millonaria indemnización, desatando con ello una crisis ministerial con la renuncia en cadena de cuatro altos cargos del gabinete, incluido los titulares de las carteras de Energía y Minas y Justicia.

La situación pasó a nivel de escándalo con la salida del procurador del caso “Lava Jato” en Perú, que en este país estalló en 2016, y donde la red de corrupción llegó a los 61 millones de dólares en pago de sobornos.

“Lo que ha ocurrido es un manejo poco inteligente de la situación. Ha sido una cadena de equivocaciones que ha terminado con responsables políticos”, describe Renzo Mazzei, periodista y analista político peruano.

En su opinión, pareciera que existe un miedo a la palabra Odebrecht que “genera una reacción inmediata y genera decisiones poco entendibles”.

Aunque no es para menos. Después de Brasil, Perú es el país donde ha tenido mayor impacto el caso Odebrecht, que ha salpicado a toda América Latina. Cuatro presidentes peruanos, incluido Alan García, quien se suicidó en 2019, están bajo investigación en relación con supuestos sobornos pagados por la multinacional brasileña.

A todo esto se le suma, agrega Mazzei, la contradicción entre el discurso del presidente Vizcarra, que ha sido enfático en no tener relación con todo lo vinculado a Odebrecht, y las acciones de algunos funcionarios que decidieron reunirse con los directivos de esta cuestionada empresa.

“Dos ministros (Justicia y Energía y Minas) han tenido un manejo poco inteligente de la situación, debido a que se trata de un tema bastante sensible en la opinión pública. Afecta además una de las líneas de este gobierno que es la lucha contra la corrupción”, insiste el experto político.

Julio Benavides, analista político y docente de Comunicación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, expone que Vizcarra está tratando de “cuidarse en salud”, mas allá de que tuviera conocimiento o no de dicha reunión de sus ahora exministros y del procurador en la comisión “Lava Jato” con representantes de Odebrecht.

Para él, es una manera del mandatario peruano de protegerse, sacrificando incluso a sus propios funcionarios, lo que en otras palabras quiere decir “borremos del escenario cualquier posibilidad de mancha o de duda sobre mi lucha contra la corrupción”.

Sin liderazgo político

Es un hecho que Vizcarra no ha podido consolidar un liderazgo político.

Desde octubre pasado, gobierna mediante decretos de urgencia debido a que disolvió el Congreso gracias a una atribución constitucional, en medio de una pugna legislativa con el fujimorismo.

Se espera que el nuevo Parlamento, elegido en comicios en enero, se instale en marzo y retome la reforma política que bloquearon los congresistas opositores.

Mazzei alude a que el gran problema que ha tenido el presidente Vizcarra es que su discurso y acciones contra la corrupción no han sido acompañados de la misma forma por todos sus funcionarios.

Además, se refiere al bajo perfil de sus ministros, quienes se considera son de poco peso político.

Esto, a su juicio, le ha restado peso a las acciones del Gobierno, llegándolo a afectar en su popularidad.

“Ya no tiene el vigor que lucía antes cuando planteó las reformas políticas o la disolución constitucional del Congreso. Tenemos a un Gobierno poco orgánico que cambia de ministros cada cierto tiempo”, explica Mazzei.

Pone de ejemplo que desde septiembre del 2019 hasta la fecha se han ido siete ministros “y eso perjudica la puesta en marcha de políticas a largo plazo”.

El caso peruano de Odebrecht llama la atención porque tumbó a un presidente, otro terminó en la tumba, uno está prófugo y dos más están inculpados, destaca Aaron Taus, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia.

Es decir, “demuestra que Perú tiene un problema de corrupción del más alto nivel y también, de cierto modo, el nivel de seriedad por parte de la justicia” de ese país que está obrando para establecer responsabilidades.

En ese sentido, el periodista Mazzei añade que “el escándalo Odebrecht ha terminado por desnudar ciertos manejos cuestionados que han involucrado a expresidentes y líderes políticos” de su país.

Por ello no descarta que el tema aún “seguirá cobrando más víctimas políticas porque hay un trabajo de investigación muy profundo de parte del Ministerio Público y eso podría comprometer a más políticos”.

En resumen, subraya que la coyuntura política peruana está condicionada al tema Odebrecht.

La demanda en sí

En lo que respecta a la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), Nicolás Carrillo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, explica que lo que hace posible interponer este tipo de acciones legales de inversores extranjeros, como lo es Odebrecht, es porque consideran que los estados (en este caso Perú) han violado los estándares de tratados.

Además, señala que para acudir al Ciadi, los dos estados, tanto inversionista como el Estado de nacionalidad del inversor, sean parte del convenio de Washington firmado el siglo pasado.

Igualmente se exige que entre inversor y el Estado se haya realizado un acuerdo para llevar la controversia ante este tribunal arbitral del Banco Mundial, aclara Nicolás Carrillo.

Según el analista político Renzo Mazzei, Odebrecht busca que Perú ceda porque le conviene llegar a un trato económico o culminar sus obras: “La demanda ante el Ciadi busca generar ruido político sin duda y así generar el temor en el Gobierno”.

Dato

Hay 46 investigaciones fiscales en curso por actos de corrupción de “Lava Jato” entre 2005 y 2014.

Dato

El proceso ante la Ciadi puede ser de entre 3 y 5 años. Hay casos en el Ciadi que han comenzado en el 2012 y que siguen vigentes.