La muerte de Íngrid Escamilla no ha sido ‘una más’ en México. Su asesinato a manos de su pareja, el pasado 9 de febrero en un barrio al norte de la capital mexicana, ha sido el punto culminante del hartazgo social a la violencia de género frente a la incapacidad y la pasividad que ha mostrado el Estado para frenar la ‘sangría’ de crímenes de mujeres en el país.

La joven ingeniera de 25 años, reina de belleza y amante de los animales, tuvo un final brutal: Fue asesinada a puñaladas, desollada, descuartizada y sus restos fueron lanzados al inodoro y al desagüe por Erick Francisco Robledo, de 46 años, quien fue detenido tras confesar el atroz hecho.

La conmoción dio paso a la indignación cuando imágenes explícitas del cuerpo mutilado de la víctima se filtraron en los medios y las redes sociales.

Pero el país no había aún salido del asombro, cuando el cuerpo de la niña Fátima Aldrighetti, de siete años, desaparecida el pasado 11 de febrero tras ser sacada de la escuela por una mujer en la capital mexicana, fue hallado con señas de tortura y violencia sexual.

Ingrid y Fátima se convirtieron, por desgracia, en una estadística más de la violencia contra las mujeres en un país. Es decir, no son casos excepcionales. En tan solo los 49 días que van de 2020 han sumado 265 feminicidios, de los cuales 20 fueron cometidos contra niñas menores de 14 años.

Las cifras son abrumadoras y hablan por sí mismas: 10 mujeres son asesinadas al día y un 90% de casos quedan impunes en el país. El año pasado se registraron 1.006 asesinatos de violencia de género.

La reacción no tardó en llegar. Miles de mujeres salieron, el pasado viernes, a las calles de la capital mexicana y llegaron hasta las puertas del Palacio Nacional para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Amlo, que actúe frente a un problema que rebasó toda lógica. Reclaman acciones concretas, no discursos idealistas.

La activista mexicana María Salguero se refiere a las movilizaciones sociales como la respuesta a un presidente que ha minimizado el tema del feminicidio y hacia un fiscal que pretendía eliminar la tipificación del feminicidio en el país.

En ese sentido, descalifica al gobierno de Amlo porque a su juicio, ha restado importancia a la muerte violenta de mujeres.

“Estamos ante un presidente que no entiende qué es un feminicidio, y no entiende las razones de género, y no entiende la violencia contra la mujer y no entiende que son violencias específicas”, asegura Salguero.

Es importante recordar que el Gobierno mexicano incluyó el feminicidio como delito tipificado en 2012, después de que se lo exigiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo “Campo Algodonero”, tras la ola de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

No hay voluntad política

En el caso de Fátima, la activista considera que generó gran indignación debido a que la niña desapareció y no se buscó inmediatamente por las autoridades.

“Una desaparición es el preámbulo de un feminicidio por eso importante que se ejerzan las acciones de búsqueda inmediata”, sentencia Salguero, creadora del Mapa Nacional de Feminicidios en México, el cual geolocaliza cada muerte violenta de una mujer desde 2016.

La realidad en México, advierte ella, es que niñas, adolescentes y mujeres desgraciadamente desaparecen a diario, “y no hay voluntad política de los operadores de justicia para buscarlas” y lo que es peor, hay revictimización.

Lo que pasa en este país, según Juliana Martínez, profesora de género y sexualidad en American University de Washington (Estados Unidos), lastimosamente no es nada nuevo a lo que pasa históricamente en el resto de Latinoamérica y en otras regiones del mundo.

Lo que ha cambiado, “no es que ahora se estén matando más mujeres”, sino que el trabajo de grupos feministas durante décadas ha visibilizado el problema, e incorporado la categoría de feminicidio. Es decir, no se ha podido esconder dentro de las estadísticas, haciendo más difícil que los estados oculten los crímenes de mujeres.

Además, destaca que el movimiento feminista en México es pionero en la región en ese sentido.

Sin embargo, reconoce que hay un malestar creciente en cuanto a la manera en que el presidente mexicano ha manejado las políticas de género y concretamente, la figura del feminicidio por parte de la justicia, sumado al alto grado de impunidad.

Con López Obrador se esperaba que los movimientos sociales lograran una respuesta más contundente frente a sus demandas, pero se le ha criticado su pasividad respecto al tema de los feminicidios, apunta en esa línea María Eugenia Bonilla, docente de la Unab y experta en temas de género.

Si bien admite, que Amlo conformó un gabinete paritario, no ubicó mujeres en las carteras ministeriales de mayor importancia, igualmente “ha sido cuestionado en términos de efectividad, porque es evidente que los protocolos de alertas tempranas y de atención a víctimas no han logrado revertir la tendencia creciente de los feminicidios en el país”.

Bonilla concibe los feminicidios como “la punta del iceberg de una problemática social endémica”, donde la violencia contra la mujer es sistemática.

Cifra

976 de los casi 4.000 asesinatos de mujeres en 2019, se consideraron feminicidios, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dato

En México, 6 de cada 10 mujeres han enfrentado violencia durante su vida, y el 40% ha sido víctima de agresión sexual, según la ONU.