La corona española vive días convulsos. La partida de Juan Carlos I, dejando atrás uno de los  más reinados más longevos de la historia de España,  39 años, y considerado héroe de la democracia tras el intento de golpe de Estado en 1981, socava el prestigio de la institución monárquica, revive el debate sobre su inviolabilidad y trae consigo posibles implicaciones en el sistema político.

Caído en desgracia por un escándalo en el que se le acusa de haber cobrado comisiones a favor de Arabia Saudí, y ocultar parte de su fortuna en un banco suizo, ha dado un paso inesperado anunciado hace una semana que dejaba su país. Su gesto fue interpretado como una decisión por el bien de la Casa Real.

Desde entonces, poco se sabe sobre el paradero del padre del rey Felipe VI, quien es investigado por delitos fiscales y corrupción.

Mariano García de Las Heras González, investigador Universidad Complutense de Madrid, señala que la situación en estos momentos se divide entre quienes quieren que Juan Carlos de Borbón declare ante los tribunales por los delitos por los cuales es investigado en España y Suiza; y por otro lado, quienes lo defienden y tratan de exculparlo.

Otra cuestión que llama la atención en este caso, agrega el experto español, es que existe una cierta confusión sobre esa figura jurídica de inviolabilidad del rey emérito de 82 años, es decir si puede ser juzgado.

“Para algunos deja tener efecto cuando abdica a favor de su hijo Felipe VI (en 2014), pero para otros se mantiene porque sigue conservando el título de rey emérito”, explica.

Igualmente, destaca la postura asumida por el rey Felipe VI, desmarcarse de cualquier sombra de sospecha y poniendo distancia del reinado de su padre, renunciando a su herencia y retirándole la asignación de casi 200.000 euros anuales.

García de Las Heras trae a colación que “estas prácticas corruptas que están saliendo a la luz desde hace una década sobre la monarquía están acompañadas con una coyuntura económica difícil”, que ahora se suma a la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, recuerda  el antecedente de la ruptura pública de Felipe VI y su hermana, la infanta Cristina, debido a una imputación contra ella y su marido Iñaki Urdangarin por delitos fiscales. Conocido como el caso “Noos” y que terminó con la condena a prisión del exduque de Palma.

Isaac Bigio, politólogo e historiador formado en la London School of Economics & Political Sciences de Londres, es más crítico y considera que la monarquía española ha entrado en una crisis muy profunda.

Es más cree “que tiene no los días, pero sí los años contados”.

Su argumento es que la fuerza de las monarquías  constitucionales como la de Bélgica, Suecia o Reino Unido, radica en que tiene una apoyo popular y han permitido gobiernos socialdemócratas, mientras que observa que “la española no ha sido un árbitro neutral sino que estaba bastante parcializada como se vio en el referendo catalán” de 2017.

“Además hay muchas críticas de que le cuesta mucho dinero al Estado, no es democrática, es corrupta, y hay españoles que quieren sacar a la Casa Real la cual esta llena de escándalos”, estima Bigio.

¿Juzgado como ciudadano o rey?

Juan Carlos I sí puede ser investigado porque a pesar de que se haya separado de la corona sigue siendo parte de ella, pues no ha renunciado plenamente a sus derechos como rey emérito, explica Nadia Pérez Guevara, investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Más que pensar en el debate jurídico,  afirma que la preocupación por el paradero del rey emérito despierta tensiones políticas que incluso vienen desde la misma transición a la democracia y que se relacionan con la figura de la monarquía. Por último, insiste que en el plano jurídico de acuerdo con los cargos que se le imputan vale la pena definir si va a ser juzgado como ciudadano o como un exjefe de Estado.