Luego del aplastante triunfo del referendo por una nueva Constitución, Chile deberá recorrer un arduo camino para redactar y aprobar otra Carta Magna, en el marco de un proceso democrático que permita saldar viejas deudas sociales como la desigualdad y la marginalidad.

Se estima que el 1% de los 18 millones de chilenos posee el 26,5% de la riqueza total del país comparado con el 50% de las familias menos favorecidas que apenas tiene el 2,1 %; el 5% de los trabajadores gana menos de 549 dólares de sueldo, el 82% de los pensionados recibe un salario mínimo de 458 dólares. Y es el único país del mundo donde el agua está completamente privatizada.

Por todas estas razones, la consulta popular en la que participaron alrededor de 6,6 millones de ciudadanos, era vista como la oportunidad histórica para revertir las profundas inequidades e injusticias sociales de 40 años.

En virtud del referendo en el que era considerado uno de los países más estables y prósperos de la región antes del estallido social de octubre de 2019, Chile marca el inicio de un proceso constituyente que culminaría con un nuevo plebiscito a mediados de 2022 en que los chilenos votarán si aceptan el texto propuesto.

Con más de 78% de “Apruebo” con la reforma constitucional votada el pasado domingo, Chile dejará atrás la actual Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), uno de los capítulos más oscuros de su historia, y considerada por muchos como el origen de los grandes males de este país.

Es un símbolo del modelo de gobierno de la dictadura, señala en ese sentido Camilo Cruz, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de Universidad Pontificia Bolivariana, UPB.

“Es una Constitución que por un lado dota de altos poderes a la Presidencia, pero también establece rigideces para su reforma y fortalecía un sistema bipartidario con sobre representación de la fuerza electoral minoritaria con el objetivo de garantizarle a la minoría la capacidad de bloqueo”, describe.

A su juicio, el proceso de Chile resulta particular porque, más allá de si se está a favor con el modelo de política económica del país o no, “lo que logró su sociedad (incluidas sus élites políticas) es el transitar el desacuerdo expresado en las calles (incluso de manera violenta) hacia un proceso político”.

Hay que recordar, que en octubre de 2019, al menos 26 personas murieron en feroces choques con la fuerza pública por un aumento de las tarifas del metro, dando origen a una inédita crisis política e institucional en democracia de la que aún el país no se repone.

 Así pues, Cruz considera que lo que “Chile demuestra es que la fortaleza de una democracia está en transitar los conflictos por la vía política y no en la defensa irrestricta de las instituciones o las reglas”.

Ahora bien, lo más llamativo del proceso democrático que se inicia, es que serán los mismos ciudadanos chilenos, reunidos en una comisión de 155 miembros elegidos por voto popular (mitad hombres y mitad mujeres), los encargados de redactar la nueva Constitución.

El Congreso debe hacerse a un lado

Rosembert Ariza, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, está de acuerdo con esa idea donde no participe el Congreso actual.

En su opinión, “la decisión contundente de la mayoría de los chilenos, es precisamente para hacer una reforma profunda del régimen”.   En efecto, señala que el nivel de pobreza y de desigualdad social que tiene este país requiere “una transformación de toda la institucionalizad”.

 De acuerdo con Ariza, el Congreso de alguna manera representa la vieja polarización y por ello, es necesario “dar un paso adelante para que el país pueda avanzar hacia un nuevo proyecto, un nuevo horizonte de sociedad y de Estado”.

En ese orden de ideas, insiste en que es muy importante que los congresistas, en tanto no sean destituidos, solo realicen funciones legislativas de segundo nivel.

“Lo mejor que puede ocurrir para este proceso democrático es que el Congreso se haga a un lado”, concluye.

¿Qué viene en el futuro?

Viene un proceso intenso electoral, advierte Camilo Cruz, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB.

“Las elecciones están convocadas para el 11 de abril. Habrá que ver qué tanto la movilización ciudadana transitará a la política electoral. Medidas como las de permitir las candidaturas independientes o las de la paridad en la Constituyente puedan favorecer la transición de las protestas en organizaciones políticas”, expone el experto.

Aunque no se atreve a señalar si el descontento popular disminuya y si la calle dejará de ser un espacio de expresión de este malestar social, Cruz cree que “lo importante es valorar el que la decisión mayoritaria de Chile, incluido el Gobierno (de Sebastián Piñera) al permitir la convocatoria al referendo, fue la de transitar ese descontento por la vía política en vez de reforzar la estrategia represiva”.

¿Cómo será el proceso?

Patricia Muñoz Yi, directora de programas de posgrados en Gobierno de la Pontificia Universidad Javeriana, destaca los elementos innovadores del plebiscito en Chile, en donde no solo se recoge el parecer de los ciudadanos en torno a la reforma de la Constitución, sino también el mecanismo por el cual se redactará el nuevo texto.

Hace énfasis en esa fórmula inédita de esta Asamblea de 155 ciudadanos que será plenamente elegida por voto popular y con paridad entre hombres y mujeres.

En ese sentido, explica que la nueva Constitución estará en manos de esta Asamblea permanente que será elegida el 11 de abril de 2021 y que tendrá de nueve a 12 meses para trabajar y, solo pasará aquello que sea aprobado con las dos terceras partes de los integrantes de dicha comisión.

Es importante señalar que luego el texto será objeto de un plebiscito ratificatorio por parte de los chilenos y con la exigencia del voto obligatorio, aclara la experta.

De otro lado, al referirse al malestar social y las manifestaciones, Muñoz Yi recalca que muestran que “la ciudadanía tiene señales de agotamiento con relación al papel de los congresistas y los partidos políticos en este proceso de reforma constitucional”.

DATO

70% de los universitarios en Chile estudian en instituciones privadas, uno de los porcentajes más altos de la región. La gratuidad es casi inexistente.

DATO

79% de los chilenos votó a favor de una convención constitucional, integrada solo por ciudadanos electos y será paritaria.

Lo que votó la ciudadanía es cambiar precisamente ese modelo institucional, económico y político.

Rosembert Ariza, docente de la Universidad Nacional.