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La apelación deberá ser juzgada por el pleno del Supremo, formado por once magistrados, y en ella no solo estarán en juego las penas de cárcel dictadas contra Lula, que suman casi 26 años, sino también sus derechos políticos y la posibilidad de postular a la Presidencia en 2022, que ha recuperado con el fallo que anuló las sentencias.
La anulación de las penas fue decidida el pasado lunes por el juez Edson Fachin, miembro de la Corte Suprema y responsable en ese tribunal de la operación anticorrupción Lava Jato, que condujo la investigación contra el expresidente.
Fachin argumentó que las causas en que Lula fue acusado y hallado culpable no tenían relación directa con los escándalos en la estatal Petrobras, a los que se limitaba la competencia de la corte de primera instancia entonces dirigida por el exjuez Sergio Moro.
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