La eutanasia es legal también en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda (ya aprobada, pero entrará en vigor en noviembre) y Colombia. En este último país, por decisión del Tribunal Constitucional, pero sin que el Parlamento aprobara una ley.

En este país europeo podrán pedirla los mayores de edad que sufran “una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte a la autonomía y que genere un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”.

Los solicitantes serán informados de las alternativas y de los cuidados paliativos disponibles; tendrán que confirmar al menos cuatro veces la voluntad de morir, su caso será analizado varias veces y podrán desistir en cualquier momento. Los profesionales sanitarios podrán acogerse a la objeción de conciencia.

Una “comisión de garantía y evaluación”, compuesta por personal médico, de enfermería y juristas, supervisará cada caso y será responsable en última instancia de autorizarlo.

Un tema polémico

Después de pasar por el Senado, el Congreso español respaldó la ley finalmente ayer con el voto a favor de 202 de los 350 diputados, 141 en contra y 2 abstenciones. Entrará en vigor a los tres meses de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado.

La norma es motivo de polémica social y de un fuerte enfrentamiento político. Impulsada por el Partido Socialista, es apoyada también por Unidas Podemos, las dos fuerzas parlamentarias que forman el gobierno de coalición español.

También es respaldada por pequeños partidos de izquierda, así como liberales, nacionalistas e independentistas, y rechazada radicalmente por la oposición de conservadores (Partido Popular) y de extrema derecha (Vox).

La aprobación fue celebrada en el Congreso con un aplauso prolongado de los partidarios, en tanto que Vox avisó de que la recurrirá en el Tribunal Constitucional y de que será derogada cuando cambien las mayorías parlamentarias.

Cada año mueren en España 60.000 personas con sufrimiento, según datos oficiales.