Estados Unidos es uno de los países donde es legal, y recientemente el estado de Carolina del Sur implementó una nueva ley, en respuesta a la falta de fármacos para proporcionar la inyección letal, que suspendió las muertes por una década.

“Este fin de semana he firmado una ley que permitirá al estado aplicar la pena de muerte. Las familias y los seres queridos de las víctimas tienen derecho a llorar y a buscar justicia a través de la ley. Ahora podemos hacerlo”, dijo el político republicano Henry McMaster en Twitter.

La nueva ley, que se firmó el pasado viernes, deja como primera opción la silla eléctrica como reemplazo a la inyección, y la formación de un pelotón de fusilamiento como segunda opción. Hasta el momento, los condenados podían elegir entre la silla (que no se usa desde el 2008) o la inyección (que se puso por última vez en el 2011).

Organizaciones que ayudan a los presos han calificado la ley como “espantosa, impactante y abominable”, mientras que la activista Frank Knaack, representante local de la organización de derechos civiles ACLU, afirmó que el estado ha “encontrado una nueva forma de reiniciar las ejecuciones dentro de un sistema racista, arbitrario y propenso a los errores”.

El debate sigue abierto.