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Nick Vineall, por parte de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Maduro, y Andrew Fulton, representante de la junta paralela dispuesta por Guaidó, expusieron sus argumentos en la segunda jornada de un proceso ante el Tribunal Supremo británico, máxima instancia judicial del país.
El Supremo, que analiza un recurso elevado por la parte de Guaidó contra un fallo anterior desfavorable, debe dictaminar, en una fecha por precisar, a quién considera realmente el Ejecutivo británico como gobernante a todos los efectos en Venezuela (cuya junta del BCV tendría en principio potestad sobre el oro).
Si finalmente concluye, en base a la jurisprudencia inglesa (y no solo a lo que diga el Ejecutivo de Londres), que el líder es Guaidó, los cinco jueces tendrán entonces que decidir si dan por buenos sus nombramientos políticos (entre ellos la junta), pese a que han sido invalidados por el Tribunal Supremo de Caracas.
El fallo del Supremo servirá para que, eventualmente, el Tribunal Superior determine a qué junta autoriza para gestionar el oro, que la de Maduro reclama con el argumento de transferir fondos a la ONU para adquirir equipamiento y medicinas contra la pandemia.
James Eadie, asesor jurídico del Ministerio de Exteriores británico, que confirmó la posición “clara y sin ambigüedades” adelantada el lunes de que su Gobierno reconoce solo a Guaidó, y no a Maduro, como jefe del Estado de Venezuela y sus competencias para actuar como tal.
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