El Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, indicó en un comunicado que las medidas restrictivas se adoptan contra esos ocho individuos “como responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua”.

“Las medidas van dirigidas contra personas y están concebidas de modo que no perjudiquen a la población ni la economía nicaragüenses”, destacó el Consejo. Tras el anuncio de ayer, son en total catorce las personas sancionadas por la UE en Nicaragua.

Además de Murillo, entre las ocho personas figuran el presidente de la Asamblea Nacional del país centroamericano, Gustavo Porras Cortés; la fiscal general, Ana Julia Guido Ochoa; o la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, Alba Luz Ramos Vanegas. 

También se incluye al hijo del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta, Juan Carlos Ortega Murillo.

Los sancionados tienen inmovilizados sus bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición.

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