El Gobierno de Venezuela denunciará al presidente de Colombia, Iván Duque, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la “persecución” y el “exterminio” de los migrantes venezolanos, después de culparlo del asesinato de dos jóvenes en el país vecino, anunció ayer la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

“Venezuela llevará a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por el delito de exterminio, persecución, contemplado en el artículo 7.1H del estatuto de Roma por la persecución contra nuestros migrantes, por el asesinato de nuestros migrantes”, indicó Rodríguez en rueda de prensa.

Según señaló, esto se ha convertido “en una política sistemática y masiva contra” los venezolanos. La vicepresidenta, además, indicó que el departamento de Medicina Legal de Colombia publicó que desde el año 2017 se han “asesinado a 2.061 migrantes venezolanos”.

También aseguró que la ONG Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) ha documentado el asesinato de 360 venezolanos en Colombia, así como más de 800 desaparecidos. 

Rodríguez insistió en que los migrantes venezolanos están “siendo asesinados en Colombia” y que son víctimas de “persecución” en países de la región.

“El aparato publicitario de las oligarquías, dirigidas por el narcotráfico colombiano (...) dirige su aparato comunicacional a denigrar a los migrantes venezolanos (...) de los pobres, de los vulnerables, por eso es una xenofobia aporofóbica”, agregó al tiempo que también culpó al “extremismo” de la oposición venezolana.

Asimismo, dijo que hace tres semanas, el alto representante de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, y la Organización Internacional de Migrantes (OIM) se reunieron en paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas para darle “más dinero a Colombia para que asesinen a los migrantes venezolanos”.

En ese sentido, criticó que la ONU no se haya pronunciado por la muerte de los dos jóvenes -uno menor y otro de 18 años- el pasado viernes, después de ser detenidos cuando, supuestamente, robaban en un comercio del municipio de Tibú, en el departamento fronterizo de Norte de Santander.

Ambos jóvenes estaban atados, con carteles que decían “ladrones” y con tiros en la cabeza y cuerpo.  Después de este suceso, el fiscal general venezolano, Tarek Saab, informó que enviaría una comunicación oficial a Colombia “para solicitar que sean esclarecidos los hechos”.

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