Crisis carcelaria en Ecuador: Lucha fraticida por el poder

Crédito: Fotoilustración / VANGUARDIA - EL NUEVO DÍA
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Nunca antes en el país andino se había producido una escalada de motines tan mortales como los que han tenido lugar este año, con más de 360 muertes dentro de celdas y pabellones. Una crisis institucional que es vista como “una amenaza con un poder igual o superior al del Estado”.
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La crisis carcelaria tiene a Ecuador ‘entre la espada y la pared’.

Los esfuerzos y las medidas de seguridad resultan en vano cuando la realidad es ineludible: Las cárceles se han convertido en un territorio donde la ‘ley’ la imponen las bandas criminales con la venia de un sistema penitenciario corrupto y donde las masacres están a la orden del día.

La muerte de al menos 68 reos  -muchos de ellos decapitados y quemados- y 25 más heridos, en la Penitenciaría del Litoral, en la provincia Guayas, al sur del país, el pasado sábado, es la punta de iceberg de una crisis desbordada donde se entrecruzan hacinamiento, narcotráfico, ajuste de cuentas, desidia y corrupción.

En esa misma prisión ya se había producido, el pasado 28 de septiembre, la peor matanza carcelaria en la historia de Ecuador, la cual se saldó con 118 víctimas mortales, en su mayoría decapitadas, y 80 heridos por enfrentamientos entre bandas rivales. 

Disputa territorial

Germán Higuera, periodista ecuatoriano, describe lo que está pasando en las cárceles de su país como un fenómeno que ocurre en casi toda la región.

Hay 1,7 millones personas privadas de la libertad en las carcéles de América Latina, y solo en Ecuador son alrededor 50.000 personas, precisa el experto.

“El país vive una de las peores crisis humanitarias, carcelarias y de violencia; estamos hablando de niveles de violencia nunca antes vistos”, se lamenta Higuera.

El problema central, a su juicio, es una disputa terrritorial, de clientela, transporte y venta de  sustancias estupefacientes, que se pelean desde hace tiempo las mayores bandas del narcotráfico.

En ese sentido, Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, apunta que lo que explica el inusitado número de muertos en las masacres en cárceles ecuatorianas, está relacionado con una mayor actividad del narcotráfico.

Ecuador era un país no acostumbrado al tema de narcotráfico “y lo que vemos en los últimos años, es un incremento importante de actividades ligadas al microtráfico, tráfico de drogas, trata de personas, violencia y ajuste de cuentas, precisamente en Guayaquil”.

 Higuera apoya también esta afirmación señalando que desde hace varios meses viene registrándose en el país un incremento en el tráfico de drogas. Hace un año se incautaban 45 toneladas, hoy son 91 toneladas, es decir un aumento de más del 100%.

A esto se le suma, según Jaramillo, la corrupción, además el Gobierno ha tardado en reaccionar, “entonces arrecian las críticas por negligencia, uso y abuso de la fuerza y por una seguridad gangrenada por el narcotráfico”.

Higuera también pone de manifiesto el fracaso en los controles de seguridad al interior de los penales, así como los altos niveles de corrupción en el sistema penitenciario.

En ese orden de ideas, cuestiona cómo armas, municiones, granadas, e incluso material bélico mejor que el que poseen las fuerzas de seguridad del país logren entrar a las cárceles, “sino es con la complicidad del personal carcelario y altos funcionadios del Estado”.

De hecho, el periodista ecuatoriano recuerda que desde hace varios años expertos y exministros venían advirtiendo del “enquistamiento del narcotráfico en todas las entidades estatales” de Ecuador. Hoy se ve el resultado de ello, sentencia.

La situación de los reclusos por delitos relacionados con narcotráfico es otro factor a considerar, destaca Pedro Arenas, analista y promotor de reformas de políticas de drogas. 

En líneas generales, afirma que el encarcelamiento de personas por delitos de drogas  en América Latina es muy alto.

Lo anterior se explica por “un exceso del derecho penal como herramienta para perseguir delitos de drogas, muchos de ellos no violentos, lo cual conlleva a una sobrecarga en los sistemas penitenciarios y carcelarios”, enfatiza el  también cofundador de la Corporación Viso Mutop.

“Escuelas del crimen”

En definitiva, “las cárceles no están siendo un espacio de resocialización de reparación por los delitos, sino que se constituyen en verdaderas escuelas del crimen”, opina Arenas, quien identifica un grave problema de hacinamiento de presos sin que se les dicte sentencia, y esto involucra una “responsabilidad estatal enorme”.

Por ejemplo, cita que en el caso de Ecuador y Colombia, la cifra ronda el 30 % del total de la población carcelaria por delitos de droga.

La crisis carcelaria en Ecuador lleva años de historia, con un déficit de guardias y reclusos hacinados en estos mal llamados centros de rehabilitación, agrega en esa línea el periodista Higuera.

De acuerdo con las autoridades del país andino, hay un 70 % de déficit de personal penitenciario. 

Solo en la Penitenciaria del Litoral, donde ocurrió la última masacre, hay 80 guardias para 8.000 reos hacinados, razón por la cual resulta imposible mantener el control, considera el periodista ecuatoriano.

Para ilustrar la situación: Las cárceles de Ecuador están construidas para un número aproximado de 28.500 reos, y actualmente hay 40.000.

Higuera advierte que las bandas delincuenciales dentro de las cárceles son las que están poniendo a trabajar al Gobierno el tema de seguridad como prioridad.

En medio de este contexto, se da un pulso político y juridico-institucional entre el Gobierno y la Corte Constitucional, pues esta última ha debatido los estados de excepción decretados por el presidente Guillermo Lasso, quien ordenó a las Fuerzas Armadas que refuercen la seguridad apoyando a la Policía en las cárceles.

Un asunto polémico, considera Jaramillo, ya que Ecuador no está acostumbrado a la militarización porque no tiene una política antidrogas como Colombia o México, y eso tiene peores efectos al combatir el narcotráfico como un problema de seguridad, más no con un enfoque integral de salud pública.

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ÁNGELA CASTRO ARIZA

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