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El uso de certificados Covid-19 para limitar el acceso a espacios públicos debe tener en cuenta circunstancias locales y también los derechos humanos, destacó ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS) en respuesta a una consulta sobre el actual confinamiento para los no vacunados en Austria.
“Los países deben seguir un enfoque basado en el riesgo, adaptado a sus circunstancias y preferencias locales, al tiempo que defienden los derechos humanos”, destacó sin mencionar directamente el polémico caso austríaco el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.
La clave en el uso de estos certificados (también para personas que han creado anticuerpos tras recuperarse de la Covid, o que han dado negativo en tests recientes) es “si la gente tiene acceso adecuado a vacunas y pruebas”, añadió el portavoz.
En lugares donde las vacunas o los tests no son fácilmente accesibles, el uso de certificados para limitar el acceso a lugares públicos “puede exacerbar las desigualdades y perjudicar el bienestar de personas y sociedades”, subrayó.
El portavoz recordó que la OMS sigue defendiendo un uso más amplio de todas las medidas de control de la pandemia, que incluyen no sólo la vacunación sino también el distanciamiento físico, la utilización de mascarillas, la correcta ventilación de espacios cerrados o una adecuada higiene de manos y respiratoria.
“La OMS busca demostrar el beneficio y la seguridad que dan las vacunas para que haya la mayor aceptación posible de éstas, en lugar de imponer requisitos obligatorios”, aseguró Jasarevic.
Desde el lunes, 15 de noviembre, Austria, que como otros países de Centroeuropa sufre cifras récord de contagios, sólo permite salir a los no vacunados de su domicilio para ir al trabajo, a su centro de estudio o para satisfacer necesidades básicas tales como comprar alimentos y medicamentos o ir al médico.
Alargar el certificado
Entre tanto, la Comisión Europea (CE) dijo ayer que estudia alargar en el tiempo el uso del certificado Covid para viajar entre los países de la Unión Europea (UE), el documento que entró en vigor el pasado 1 de julio, con una validez, a priori, de un año.
Según explicó, la Comisión y la UE discuten con la Agencia Europea del Medicamento y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades la forma de “garantizar un enfoque coordinado sobre la libertad de movimiento” en la zona Schengen.
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