El 11 de enero de 2002, los 20 primeros prisioneros vestidos de uniforme naranja llegaron en un vuelo militar al centro de detención de la base estadounidense Guantánamo, en el marco de la llamada “guerra contra el terrorismo”.

Veinte años después, la polémica prisión militar de alta seguridad ubicada en el este de Cuba, es símbolo de la injusticia, los abusos, la tortura y el desprecio por el Estado de derecho en el mundo, según han denunciado ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch (HRW).

Orquestada por el entonces presidente George W. Bush como respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU. para albergar a talibanes y de la red terrorista Al Qaeda, su cierre está pendiente desde el mandato de Barack Obama.

Una promesa aún sin cumplir por el actual presidente Joe Biden, quien solo ha trasladado a un preso y debe esperar la luz verde del Congreso para clausurarla definitivamente. Si bien esta semana al cumplirse las dos décadas de su apertura, Estados Unidos aprobó la liberación de cinco detenidos de Guantánamo.

Por ella han pasado más de 780 prisioneros acusados de terrorismo. Actualmente permanecen tras las rejas 39 musulmanes de 12 nacionalidades, 27 de ellos sin cargos penales en su contra ni juicios a la vista, sin certezas sobre su futuro.

Además del costo humano, moral y de imagen, la Casa Blanca gasta en promedio 540 millones de dólares al año únicamente para mantener detenidos en Guantánamo, calcula HRW.

Un lugar tristemente famoso por torturas y detención indefinida, que no ha hecho más que socavar la credibilidad global de Estados Unidos en materia de derechos humanos.

Efectivamente, desde su creación en el 2002 en el contexto de la guerra contra el terrorismo, la base fue creada para burlar la protección garantizada por la Constitución de Estados Unidos, opina Enrique Prieto Rios, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario.

Sumado a ello, señala la cuestión del Derecho Internacional Humanitario que aplicaría a los detenidos en este lugar, y que ha sido objeto de discusión.

En ese sentido, Manuel Alejandro Correal Tovar, docente de Derecho Internacional de la Universidad Libre, anota que el punto de partida es “la condena a EE.UU. desde todos los sectores de defensa de los derechos humanos por la apertura y utilización de Guantánamo como prisión “especial” donde se cometen vejámenes a personas sustraídas del amparo de la ley”.

Lo anterior significa, que los detenidos pierden sus garantías judiciales, lo cual según él, es muy grave porque les da carta blanca a los encargados de la cárcel de Guantánamo, de realizar cualquier tipo de violación de los derechos humanos sin rendir cuentas por ello.

“En términos generales estar recluido en Guantánamo es una forma de perder el reconocimiento de la personalidad jurídica. Esto me permite estar de acuerdo con la afirmación de Amnistía Internacional y advertir que no todo está permitido, si luchas contra el terrorismo utilizando el terror: ¿Qué te diferencia del terrorista?”, cuestiona Correal Tovar.

Pretexto para otros países

Otro precedente preocupante, es que Guantánamo ha servido de pretexto por otros estados, menoscabando todo el sistema internacional de derechos humanos, lo cual ha facilitado y justificado los abusos por parte de ciertos gobiernos.

Países como Iraq, Nigeria y Egipto o las fuerzas del noreste de Siria “han replicado el modelo Guantánamo” con miles de detenidos en condiciones lamentables por presuntos delitos de terrorismo sin cargos ni juicios.

El hecho de que Estados Unidos tenga un espacio en el que no aplica el derecho sino la tortura, constituye un pésimo ejemplo para los demás países, advierte al respecto Manuel Alejandro Correal Tovar.

No obstante, el docente de la Universidad Libre no solo se refiere a países poderosos sino también a los latinoamericanos que buscan emular las conductas del líder más poderoso de la región.

“El caso de Venezuela y Nicaragua son ejemplos muy ilustrativos de los peligros del desconocimiento de los derechos humanos”, expone el experto.