Ex paramilitares desmovilizados confesaron 21 mil homicidios, reveló ayer la Fiscalía, que investiga un total de 246 mil acciones criminales de esos grupos.
A cambio de sus testimonios y de reparar a las víctimas, los ex combatientes acusados de crímenes de lesa humanidad obtienen beneficios jurídicos, como penas máximas de ocho años de cárcel.
González señaló que el "horror puede ser mayor porque faltan muchos homicidios por confesar", y manifestó que de los 26 mil hechos admitidos por los desmovilizados, 22 mil son desapariciones forzadas (1.800 reconocidas), reclutamiento de menores, desplazamiento de campesinos, tortura, secuestro, extorsión, violencia sexual y hurtos, entre otros.
Dentro del proceso también fueron hallados 2.329 cadáveres en 1.906 fosas comunes.
"Lo importante es que estamos conociendo verdades, quién participó, quién se beneficio con los homicidios", añadió González.
Investigan responsabilidad de Mancuso
Por su presunta responsabilidad en el crimen del líder indígena Kimy Pernía Domicó, la Fiscalía cobijó con medida de aseguramiento, detención preventiva sin beneficio de excarcelación, al ex jefe desmovilizdos de las Auc y extraditado, Salvatore Mancuso Gómez.
Según lo establecido, Kimy Pernía Domicó, perteneciente a la etnia Embera Katío, fue desaparecido en el municipio de Tierralta (Córdoba) el 2 de junio de 2001, por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.
De acuerdo con la investigación de un fiscal de Derechos Humanos y DIH, la orden del asesinato provino de Carlos Castaño Gil y Mancuso Gómez. El cuerpo del indígena no ha sido encontrado.
AFP, CALI
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