todo indica que lo pertinente más allá de la discusión de si el problema es la percepción de seguridad o si efectivamente se ha deteriorado la seguridad, que si hay una reactivación del accionar de las FARC, como dicen unos, o si son sus últimos estertores, como afirman otros, lo adecuado sería una revisión de la política contrainsurgente del Estado colombiano, porque los especialistas consideran que una estrategia contrainsurgente tiene sólo un 20 por ciento de componente militar y, en últimas, el objetivo final más que militar es lograr el apoyo de la población, que es sencillamente legitimidad.

Hay que replantear claramente el análisis de las características del conflicto interno armado, tanto en su carácter -no es real que sea simplemente un problema de narcotráfico y de terrorismo, aunque tenga elementos de los mismos, pero el carácter insurgente sigue teniendo un peso importante-, igualmente su expresión regional cambia -la dinámica del mismo, sus relaciones con la población civil, el tipo de actores-, la forma de operar militarmente de los actores del mismo y, por lo tanto, la respuesta que debe darse en cada circunstancia, debe ser adecuada.

El profesor de la Universidad de California Victor Davis Hanson, en su reciente libro ‘Guerra. El origen de todo’, en el que plantea como tesis lo importante que es aprender de las guerras pasadas, anota que “la tendencia más peligrosa de los estrategas militares es la arrogante convicción de que todas las reglas y características de las guerras pasadas han quedado obsoletas con los asombrosos avances tecnológicos o con las revoluciones sociales del presente”, pero (señala el autor más adelante) en última instancia, las reglas de la guerra y la cultura siguen siendo las mismas, aunque adopten formas distintas”.

No hay duda de que en regiones donde el conflicto armado coincide con poblaciones organizadas y con tradiciones de luchas sociales por sus derechos, la estrategia contrainsurgente del Estado debe tomar en consideración estas características, como es el caso de las comunidades indígenas que han venido históricamente reivindicando su territorio, sus formas de organización social, sus autoridades y su cultura.

Por lo tanto, la estrategia del Estado, que, insisto, no puede ser solamente militar, debe empezar por reconocer estas realidades y mirar las luchas sociales de estos sectores y sus demandas, no simplemente como actividades subversivas, sino justamente contribuir en un diálogo claro y franco con las mismas a ir dando respuestas a sus demandas y contar con unidades de Fuerza Pública en estos ­territorios, que realmente entiendan la ­complejidad del tema y que tengan permanencia en el mismo y no simplemente sean fuerzas de tránsito que sólo buscan obtener información por la vía de la compra de la misma con las redes de informantes.

Si se quiere una respuesta que apunte a modificar estratégicamente la dinámica del conflicto, se debería hacer ajustes fundamentales y tener claro que la inmensa mayoría de estos conflictos internos armados concluyen en mesas de negociación y, por consiguiente, parte de la estrategia contrainsurgente es ir preparando las posibilidades y escenarios de las mismas.

Terminemos con otra idea que nos plantea el Profesor Davis Hanson: “Lo que nos hace perder las guerras no necesariamente son los errores, sino la incapacidad de rectificar a tiempo y el grado en que se permita que el derrotismo y la depresión (motivados por haber cometido tales errores) erosionen nuestra moral”. Y luego señala el autor citado, “las fuerzas militares van a la guerra confiando en sus armas y en su tecnología. Pero para salir victoriosas, a menudo se ven obligadas a cambiar los diseños o a encontrar otros totalmente nuevos”.