Desde que se creó el Inpec (parte del Minjusticia) en 1965 con el nuevo Código Penitenciario, a la administración de las prisiones la ha caracterizado la crisis; para los directores nombrados, incluidos ex miembros de la Fuerza Pública, el balance es negativo: 22 directores, varios cogidos con las manos en la masa en actos de corrupción, directores presos y/o destituidos, Estado de cosas inconstitucional de todas las prisiones por violación permanente de los derechos humanos, prisiones convertidas en escuelas especializadas del crimen, y así sucesivamente.
Pero el Estado de cosas inconstitucional no solo es de las cárceles, pues la Corte Constitucional lo verificó (Abril 2022) en las URI, gestionadas por la Fiscal General: es la consecuencia de la Política criminal oficial que engaña a la ciudadanía haciéndole creer que con más penas habrá mayor seguridad. Esta fue la característica de la Ley de Seguridad Ciudadana propagandeada oficialmente desde diciembre 2021 y en vigencia desde febrero 2022. Y como los problemas sociales siguieron intactos, gracias a la “fuga” hacia lo penal, ahí tenemos las consecuencia: según Medicina Legal (Boletín de abril 2022) los delitos aumentaron en los primeros meses de 2022, comparándolos con los primeros meses de 2021. Por ejemplo, mientras de enero a febrero 2021 hubo 1.778 homicidios, en el mismo periodo de 2022 hubo 2.037, y la violencia intrafamiliar subió de 6.685 a 8.601, y así sucesivamente en delitos contra niños y niñas, el hurto callejero, etc.
Otra consecuencia de la “fuga” para escamotear la política social: la OCDE, a la que pertenece Colombia, verificó (Marzo 2022) que a pesar de que la economía se ha recuperado bien, el país sigue teniendo uno de los niveles de pobreza, desigualdad de ingresos e informalidad del mercado laboral más elevados del continente; que la mayor parte del gasto social no se destina a los más desfavorecidos; que los ingresos fiscales son insuficientes para financiar las demandas sociales, etc. Por todo ello recomendó eliminar las exenciones vigentes en el régimen tributario para grandes capitales, crear una prestación básica y universal para pensiones no contributivas, ayudas específicas para jóvenes no escolarizados y acceso a comedores escolares, acelerar los avances en la ampliación del registro del suelo; aprobar una ley contra la corrupción que proteja a los denunciantes y ponga límites más estrictos a las contribuciones privadas en las campañas electorales, etc. Pero no propuso las “fugas” hacia el derecho penal y el encarcelamiento, como lo hizo la Ley de Seguridad Ciudadana con las consecuencias de inseguridad para los derechos de la gente.
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