El siglo antepasado y comienzos del pasado abundo en guerras lideradas por caudillos que pretendían imponer sus designios por la fuerza. El fin de la violencia partidista de mediados del siglo pasado dio paso a la de las guerrillas que a su vez parieron a los paramilitares. Unos y otro crecieron vertiginosamente al amparo del narcotráfico hasta llegar, en año 2002 a movilizar las dos estructuras armadas más criminales y poderosas de nuestra historia.

En medio de esta penumbra surgió el proyecto político de Álvaro Uribe y Colombia entera le entrego el poder. El hizo lo que le encomendó el pueblo: desmovilizo a los paramilitares mediante de un proceso de paz y derroto por la fuerza a la guerrilla que se negó a someterse. Los jefes paras, a la postre, terminaron extraditados por incumplir sus compromisos con el proceso de sometimiento.

El país empezó a tener confianza en sí mismo y a mirar el futuro con esperanza. Igual ocurrió con los extranjeros que se volcaron a invertir en Colombia. El resultado ha sido que más de 5 millones de colombianos han salido de la pobreza absoluta y el fortalecimiento de una gran clase media que con su capacidad de consumo tiene al país creciendo a tasas del 8%.

Desafortunadamente hay nubarrones que se ciernen amenazantes sobre este milagro. El gobierno Santos, advirtiendo su incompetencia para cautivar al pueblo, busca los consensos de las elites y aumenta la burocracia en once mil nuevos puestos y varios ministerios para galvanizar la unión, con un costo recurrente de medio billón de pesos al año. El estado comunitario, que con tanto esfuerzo logro el presidente Uribe, está cediendo a un estado derrochador cada vez más capturado por esas elites políticas. La seguridad se deteriora por ausencia de liderazgo político y la desmoralización de la tropa por las injusticias cometidas en su contra por jueces y fiscales. Y, como si fuera poco, la fraternidad social se ve amenazada por cuenta de iniciativas como la ley de tierras.

Pero la más grave amenaza a nuestra democracia viene precisamente de ese sino trágico que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia: la política desbordada de los canales democráticos. Antes se ejercía la violencia contra el estado con propósitos políticos, ahora este nuevo siglo nos trae una perversión de la política más abyecta y peligrosa; se infiltra al estado para destruirlo desde adentro utilizando su propia legitimidad. Haciendo política legal jamás convencerían a los colombianos que el Coronel Plazas estuvo al frente de una banda de forajidos que asesino y torturo en aquella operación heroica del palacio de justicia donde se salvaron tantas vidas. Pero un fallo inverosímil si logra poner a Plazas y a sus hombres como villanos. Tampoco la Política en democracia lograría deslegitimar el sometimiento a la ley de treinta y cinco mil paramilitares. Pero un fiscal si es capaz de decir que Luis Carlos Restrepo estaba al frente de una empresa criminal y es un peligro para la sociedad. Un debate político serio revelaría que agro ingreso seguro es una política idónea como en efecto lo creen miles de campesinos, empresarios del campo y millones en las ciudades que siempre tuvieron acceso a una oferta vigorosa de alimentos a precios favorables. Pero no, era preciso judicializarla y meter a la cárcel al ministro Arias por contratar con la OEA, sin haberse robado un peso.

Quienes respaldamos las políticas del presidente Uribe no queremos que a Santos le valla mal, solo pedimos que se corrija el rumbo y cese la persecución. De lo contrario, la proclama política de Luis Carlos Restrepo sería inevitable.