El hecho de que el debate acerca de la Reforma Agraria que promueve el presidente Santos se haya polarizado es lamentable y no le conviene a ninguno de los sectores que insiste en radicalizarlo.

Aunque tienen razón aquellos que le reclaman al gobierno políticas de desarrollo que saquen al agro del abandono en el que se encuentra y que le den al campo verdadera vocación productiva, esas medidas por sí solas no son suficientes; no se puede pasar por alto que debido a la desigual distribución de la propiedad, la riqueza y las oportunidades, en el campo se gestó la violencia que aún padecemos.

Es tarea del estado entonces servirse de todas los instrumentos posibles para tratar de saldar una deuda histórica con los sectores sociales excluidos del desarrollo reciente del país.

Tres cuartas partes del territorio colombiano son áreas rurales y en ellas vive la tercera parte de la población nacional; desafortunadamente esos millones de colombianos son los que registran los mayores índices de pobreza.

En algunas áreas el Estado sólo llega en camuflado; no hay carreteras, cobertura educativa, servicios de salud ni empleo.

¿Cómo se puede pretender entonces que los pobladores de estas regiones no sean presa fácil de las narco guerrillas y demás organizaciones criminales si estas parecen ser la única alternativa posible a la miseria?

Es un argumento común de quienes se oponen del todo al giro político de Santos, traer a colación las experiencias frustradas del pasado y vaticinar el recrudecimiento de la violencia como resultado de este nuevo intento de Reforma Agraria.

Se olvidan entonces que lo que históricamente ha servido de justificación a la violencia armada ha sido la imposibilidad de tramitar estas demandas sociales por las vías democráticas.

Con los intentos del 36, del 61 y del 68, sólo llegamos a conocer los costos políticos y económicos de promover una reforma agraria, jamás hemos tenido la oportunidad de poner en la balanza el beneficio de sacarla adelante, que no es otro que sentar las bases de una paz duradera que permita desarrollar al campo.

Los beneficios de consolidar la paz en el campo a través de la justicia social, son algo desconocido en Colombia. Restablecer la seguridad ha sido un paso importante pero no es suficiente para que el campo vuelva a ser una opción de vida real y digna para los colombianos.