Unos dicen -o decían- que necesita reforma constitucional. El Presidente y el Congreso hicieron mil malabares para aprobar la reforma y después, entre los dos, dieron un golpe de Estado para desaprobar lo que ya estaba aprobado. La Ministra luego explica que bastaba con medidas legales o administrativas convenidas con los altos tribunales. Los magistrados y el sindicato judicial han dicho desde siempre que el problema se resuelve con dinero y más dinero. Los policías, los de derecha y los impacientes insisten en que el remedio es recortar garantías, o trámites o rituales para que los fallos no demoren tanto.

¿Qué tanto pueden hacer las medidas anteriores? La respuesta mejor nos las da la tutela, que combina el mandato constitucional, las leyes especializadas, los trámites acortados y una gran cantidad de recursos porque todas las autoridades y los jueces están en la obligación de procesarla. Y, en efecto, la tutela sí funciona. Pero es la única justicia que funciona -precisamente  porque les quita todo el tiempo a los jueces- de modo que los procesos “ordinarios” (es decir la inmensa mayoría de los pleitos) se siguen apilando y demorando. 

De donde se concluye que el remedio no es agrandar el tubo de desagüe, sino de reducir la cantidad de agua que le cae. El problema no es sólo que el aparato judicial no funcione -y no funciona- sino, además y ante todo, que tenemos un exceso fenomenal de pleitos. 

¿A qué, entonces, se debe que en Colombia sean tantos los pleitos? Se debe por supuesto a que en Colombia se violan mucho las leyes. Y esto, aclaremos, no proviene de alguna maldición genética, sino de la cultura de la ley que prevalece. Para decirlo en corto: las normas deben ser los límites previos de la conducta (“no matarás”), pero las leyes aquí son instrumentos para resolver problemas de todo tipo: ¿cómo hacemos, digamos, para que los despojados recuperen sus tierras, o para que los gringos acepten un TLC, o para que no se sigan violando niños, o para que las empresas creen más empleo? Pues a través de leyes, decretos o reglamentos.

Muchas de aquellas leyes, sin duda, son de interés público, pero otras son goles de grupos de presión (los sindicatos, las compañías mineras, los gobernadores…), y otras son micos de los legisladores. El resultado es un exceso de leyes y una pérdida de confianza en la ley, porque no siempre responde al interés público. Los ciudadanos entonces aprendemos que no se trata de acatar los límites, sino de usar la ley o, aun, de defenderse de la ley para cuidar los intereses propios. 

Y de aquí sale el pleito. Llueven las demandas y el aparato judicial se congestiona. Más todavía: como hay cientos de artículos e incisos que pueden venir al caso, cada juez falla lo que le da la gana y nadie sabe cuál de veras es la ley. La incertidumbre jurídica es enorme, la zona gris se agranda, la ley se desdibuja, el respeto se pierde… Y el círculo vicioso se reinicia. 

O sea que la Reforma de la Justicia si está en manos del Gobierno, del Congreso y de los jueces. Pero no por la vía de las reformas, sino por la del cambio de su trato y -de sus tratos- con la ley: gobernar dentro de la ley en lugar de gobernar mediante leyes.