Este proceso de Cuba también ha sido ideado como un instrumento político-electoral del presidente Santos para reelegirse. Es el clavo ardiente del cual se aferra Santos luego de haberse apartado de las políticas que lo eligieron y sabiendo que esas mismas políticas ya no lo reelegirían. Y como ocurrió en el pasado, las Farc han sido llamadas para secundar la audaz empresa, y esta vez igual que antes pasaran su cuenta de cobro por acompañar esta nueva aventura política a la que los han invitado. En este paralelo podemos decir que el pecado de Santos es mayor, pues a diferencia de Pastrana, él si tenía con que combatir a las Farc, solo hubiera bastado continuar la política de seguridad democrática y corregir el error que en términos de seguridad jurídica para los militares cometieron el exministro Camilo Ospina y el exfiscal Iguarán. Todos los colombianos anhelamos la paz, prueba de ello fue la abrumadora votación que obtuvo el presidente Santos. Los nueve millones que votamos por él no lo hicimos porque nos gustara la guerra, lo hicimos porque valorábamos la paz que estaba trayendo la seguridad democrática. Los Uribistas nunca nos hemos opuesto a un proceso de negociación con las Farc, pero jamás aceptaríamos uno sustentado en la impunidad, la mentira, la elegibilidad para quienes han  cometido delitos diferentes a aquellos puramente políticos y la revictimización de tantos colombianos. Y fue precisamente ese sentimiento el que se reflejó en la última encuesta, según la cual los colombianos por abrumadora mayoría rechazamos la impunidad y la elegibilidad de los terroristas como resultado de las negociaciones, constituyéndose así en un gran referendo en contra del mal llamado marco jurídico para la paz. Ese proceso de paz que queremos los colombianos sería el único viable desde el punto de vista político y de la legislación internacional, el problema es que este en el que nos embarcó Santos es muy diferente, no solo esta cruzado de impunidad y elegibilidad, sino que además pretende revisar los temas de la agenda nacional, como el desarrollo agrícola, con quienes solo saben de sembrar minas quiebrapatas.         Los beneficios del proceso son inciertos y poco probables, pero los costos ciertos y ya ocurriendo: Las Farc están recuperando una legitimidad perdida en concierto internacional y la fuerza pública se encuentra desmotivada y confundida y cientos de miles de víctimas han sido revictimizadas por la cínicas declaraciones de las Farc. La negación por parte de los negociadores de la guerrilla del secuestro, el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad, han transformado la euforia en repudio y muchos nos preguntamos porque los impulsores de la ley de víctimas guardan silencio ante semejante afrenta revictimizadora. Es necesario elevar la seguridad democrática a política de Estado y buscar un mecanismo constitucional que evite la utilización del anhelo de paz como instrumento político.  De lo contrario, estaríamos condenados como Sisifo, a empujar la pesada rueda de la guerra, hasta que justo antes de lograr la cima de la paz, un presidente apaciguador nos regresa a la cima profunda del averno violento.