Y digo esto, porque el jueves fuimos sorprendidos por la noticia de primera plana de EL NUEVO DÍA que tituló “Invasores de antejardines pagarían compensación”. Es decir, ¡invada usted el espacio público y aduéñese de él, que después paga una plata y todos quedamos felices! ¡Pues no, señor Alcalde!

La Ley 388 de 1997 establece que ningún agente público o privado podrá realizar actuaciones urbanísticas que no se ajusten a las previsiones y contenidos de los planes de ordenamiento territorial (POT). En el POT vigente se especifica el tema de los andenes y de sus primos, los antejardines. Son áreas que hacen parte del espacio público (de todos nosotros) y su respeto debe ser auspiciado y si se necesita, forzado, por la autoridad local. Quienes construyen en los antejardines, que son formalmente suyos pero que están para el goce de la comunidad, y quienes construyen en los andenes (como vimos en la foto publicada ese mismo jueves), son ladrones. Nos están robando el espacio público, perteneciente a todo el pueblo.

Estas invasiones, así incluyan la construcción de varios pisos (y especialmente por eso, por el abuso mayúsculo), deben ser demolidas a costa del interesado y se deben imponer multas sucesivas si no lo hace, sin perjuicio de que la alcaldía envíe un cuerpo de trabajadores a efectuar la demolición en caso de renuencia. Y no se olviden, señores funcionarios, también se debe ordenar la suspensión de los servicios públicos, mientras subsista la situación. Lo establece la Ley 388. Y hay que cumplirla.

Puede que, en Ibagué, el número de invasores permanentes del espacio público supere el medio millar con procesos de demolición. Puede que en 2012 se hayan demolido 30 parasoles, uno cada dos semanas, ¡qué lentitud! Puede que este año, sin haber hecho nada en enero, se ejecuten más demoliciones. Probablemente el problema sume decenas de miles de predios con invasión del espacio público. Lo que debe hacer la administración, en lugar de vender el espacio invadido, es acometer de oficio un plan masivo de multas a los ladrones del entorno, con plazos perentorios para demoler, y seguir luego con multas sucesivas, por supuesto con el debido proceso que haga eficiente y eficaz esta acción de autoridad. Ahí, hay una fuente para el fisco, con cumplimiento de la Ley y sin transacciones con los aprovechadores de la pretérita inacción oficial.

Otra cosa. Las autoridades locales, ¿ya nos pueden garantizar que las discotecas de Ibagué y demás sitios de reunión masiva, cuentan con todas las medidas de seguridad, y que estas funcionan? Que no tengamos una situación como la reciente de Brasil y otras que han ocurrido alrededor del mundo. Es tan criminal quien opera un sitio de estos sin todas las precauciones, como el funcionario y sus jefes que lo permiten sin hacer cumplir las leyes.