Piedras (Tolima) y Tauramena (Casanare) son dos municipios que han saltado a la arena pública nacional porque decidieron oponerse a la ‘locomotora’ minero-energética recurriendo a una consulta popular, con lo cual pusieron en jaque no sólo a grandes empresas sino también al Estado. En mi sentir, su actitud, más que criticable es elogiable, por su apelación al estado de derecho. En ninguno de los casos se registró una sola vía de hecho y esto, en un país acostumbrado a la violencia, es de admirar y agradecer.

Pero aquí estamos llenos de rábulas y tinterillos, y en lugar de centrar la discusión en por qué la gente piensa como piensa nos hemos dedicado a examinar si la decisión se inscribe dentro de la legalidad o no, si el municipio tiene facultades o no para pronunciarse sobre una actividad económica que regula el nivel central de la administración pública. El Estado es el dueño del subsuelo, han dicho desde el páramo bogotano; cierto, pero la Constitución también asigna a los municipios y regiones autonomía y la regulación del uso del suelo. Al usurero mercader de Venecia le fue reconocido su derecho a obtener una libra de carne del pecho de su deudor moroso, pero eso sí, le dijo el juez, sin derramar ¡una sola gota de sangre! Ese es más o menos el problema, que no se puede explotar el subsuelo sin que se revuelque el suelo. Así de simple.

Ahora bien, vale la pena que nos preguntemos. Agua o petróleo, como dicen algunas poblaciones en Meta y Casanare, ¿Es un dilema verdadero? No. Creo que es falso. En muchos países con estándares medioambientales más altos que el nuestro, Australia, EE.UU y Canadá, por ejemplo, hay actividad extractiva sin que se afecte de forma irremediable el medio ambiente. La discusión real es si estas actividades pagan y remedian los impactos ambientales, sociales y culturales. Ese es el punto. Negar los impactos es necio. No se puede comer carne de res sin matar la vaca. Quien diga lo contrario falta a la verdad. En la mayoría de los procesos productivos hay violencia contra la naturaleza. ¿Pero alguien está dispuesto a prescindir del papel para que no talen más árboles? El petróleo es una fuente de energía sin un sustituto de igual poder a la vista, y el país lo necesita para dinamizar su economía. Lo que no está bien es que en las poblaciones en donde se saca petróleo la gente viva de forma tan miserable. Basta con mirar hacia Arauca, o hacia el propio Casanare, petroleras ambas; o hacia Chocó, en donde extraen oro desde hace muchas décadas. Son pueblos con una miseria ¡inaceptable!

Las empresas extractivas van a tener que cambiar el ‘chip’ si quieren operar y obtener la “licencia social”. Debe ganarse la confianza de las comunidades, pero no por la vía de la cooptación de sus líderes sino apelando al juego limpio y a la transparencia. Poniendo las cartas sobre la mesa y diciendo la verdad y sólo la verdad. Algunas veces olvidan que el mundo está interconectado y que todo se sabe. No pueden tratar las comunidades como si fuesen rebaños de tontos, eso es ser ‘vivos de pueblo’. Para empezar hay que abrir un debate sobre qué es y qué no es responsabilidad social. Incluso el término regalías debería revisarse. No debe haber regalos sino compensaciones y participaciones. En esto hay tres socios: Estado, empresa y comunidad.

El Gobierno tiene que liderar la discusión con una mentalidad abierta y moderna, no con una postura colonialista y autoritaria. El problema no es jurídico ni policial, es político, tiene que ver con relaciones de poder y cómo se distribuye la “mermelada”. Creo que al final eso es lo que dice la gente en Piedras y Tauramena. Hay que dialogar.