ÓSCAR SÁNCHEZ
Todos sentimos y analizamos el impuesto predial. Por eso comienzo por la anécdota personal. Lo que debo girar equivale a pagar dos meses de arriendo en mi propia casa, pues mi recibo llegó por un 50 por ciento adicional.

El avalúo se reajustó bastante, pero fue justo, porque realmente hubo valorización. En el caso de mi mamá, que tiene un apartamento al lado, el avalúo resultó exagerado. ¿Cómo puede ser incoherente el valor por metro cuadrado entre inmuebles de un mismo edificio en la base de datos del municipio y el IGAC? No nos debería extrañar la cantidad de reclamos, ni la extensión de los plazos para pagar, que han tenido que hacer el Municipio y el Concejo, mientras se aclara la cosa. Además, ¿qué justifica una actualización catastral y un aumento tarifario en el mismo año? Eso amplía la discusión sobre la justicia de ese cobro.
Pero hay que financiar a Ibagué, y una cosa es admitir que se necesita más plata, y otra debatir el tipo y la calidad de los proyectos que se deben emprender. Así que no hice ningún reclamo y voy a pagar rápido, aprovechando el descuento. Mientras apoyo el reclamo de mi mamá.
Los gobiernos que quieren corregir inequidades y lograr el desarrollo, tienen que cobrar impuestos. El argumento de que todos los impuestos son malos, hay que dejárselo a la derecha. A las personas progresistas de clase media, que tenemos rentas o patrimonios por encima del promedio, nos corresponde pagar mucho de impuestos con sentido cívico. De hecho, debemos anhelar el día en que los ibaguereños paguemos incluso más de lo que nos corresponde con gusto. Como llegó a hacer la ciudadanía bogotana hace unos años, cuando mucha gente se autoaplicaba una sobretasa voluntaria. En Ibagué estamos apenas para aceptar que, aunque se pudo manejar mejor, el aumento había que hacerlo, reclamar cuando es justo, pagar en todo caso, y abrir bien los ojos, para fiscalizar la inversión de nuestra platica. Pero los temas más importantes están por discutir:
Primero, con los reajustes de este año, y su aplicación el próximo, Ibagué consigue 50 mil millones de pesos adicionales (sin contar una eventual valorización), para invertir hasta el fin del mandato del actual alcalde. ¿A qué se destinarán? Se harán un par de viaductos. Megacontratos. ¿No sería mejor arreglar lo que se está cayendo (vías, parques, escuelas), e invertir en procesos comunitarios de seguridad ciudadana, educación o cohesión social? O, en todo caso, ¿consultarlo con la ciudadanía antes de anunciar megaobras?
Además, los planes de inversión, de deuda pública, y especialmente, el costo de las exenciones aprobadas para el sector privado, no han sido discutidos integralmente con los ibaguereños. Sabemos que el gobierno reduce impuestos para atraer inversiones y generar empleo, y en eso ha sido consistente. Pero no conocemos un proyecto fiscal integral y una estrategia financiera coherente para cumplir el conjunto de objetivos de la ciudad.
Como consecuencia, los argumentos para las reformas no ofrecen explicaciones claras de cómo van los pobres -y cómo los ricos-, en la política tributaria. Y aunque los ingresos del municipio crecen, los ciudadanos no parecemos estar incluidos en las decisiones sobre cómo gastar esa plata, y los pobres, aún menos.
Bien que haya más plata para Ibagué. Pero con más claridad, equidad y democracia, me parece.

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