El derribamiento del avión de Malasya Airlines en Ucrania, con casi 300 ocupantes a bordo y la carnicería que protagoniza por estos días el ejército de Israel en Gaza, ante la pasividad de la comunidad internacional, son dos ejemplos recientes de cómo los civiles llevan la peor parte en cualquier conflicto armado.

No importa si el conflicto es de carácter interno o internacional. Y no importa que las normas de la guerra prohiban claramente atacar a los civiles. Los bandos armados se encarnizan con los que están desarmados y sacan a relucir todo tipo de argumentos para justificarlo.

Las imágenes de los niños corriendo por una playa de Gaza, asesinados por el ejército de Israel, son dramáticas. Igual que los ataques con explosivos contra edificios donde supuestamente vivían terroristas de Hamas.

¿La presencia de uno o varios terroristas en un sitio convierte automáticamente el lugar en un objetivo militar legítimo? ¿Se acuerdan del ataque terrorista del M-19 al Palacio de Justicia y de la respuesta desproporcionada de la fuerza pública colombiana contra todos los ocupantes del edificio?

Las Naciones Unidas calculan que un 77 por ciento de las víctimas mortales de la actual confrontación entre Israel y Hamas son civiles, la inmensa mayoría de ellos palestinos.

No sé las cifras de los civiles muertos hasta ahora en el conflicto en Ucrania, donde Rusia juega un papel protagónico, pero me deja muy mal sabor que unos y otros se achaquen la culpa del derribamiento del avión civil de pasajeros.

Lo que pasa en Gaza y en Ucrania debería ponernos a pensar a los colombianos sobre los inmensos costos que hemos pagado en las últimas décadas por causa del conflicto armado.

El informe Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica –un texto que padres y maestros deberían leerles a todos los niños, jóvenes y adultos que anhelan la paz en este país- revela que entre 1958 y 2012 murieron en Colombia unas 220 mil personas por causa del conflicto armado.

Esas 220 mil personas equivalen, nos recuerda Basta Ya, a la población de una ciudad como Popayán o Sincelejo, es decir, aproximadamente la mitad de la gente que vive en Ibagué.

El 81.5 por ciento de esos muertos del conflicto colombiano eran civiles. Estamos hablando de 179 mil personas que no tenían nada que ver con el conflicto o que, al menos, no estaban armadas. Los ejemplos abundan.

En 1990 Fidel Castaño Gil, guía “espiritual” y comandante de los paramilitares, hizo desaparecer y matar a 43 personas de Pueblo Bello, en Turbo, Antioquia, en represalia porque la guerrilla le había robado igual número de reses de ganado.

En 2002, las Farc convirtieron en “objetivo militar”, totalmente ilegítimo, la iglesia de Bojayá, Chocó, repleta de civiles, y mataron a cerca de un centenar–entre ellos muchos niños- con un cilindro bomba.

Esos son apenas dos casos de civiles muertos en medio del conflicto armado colombiano. Porque los sobrevivientes son millones. Son los desplazados, las víctimas de violencia sexual, de reclutamiento forzado, de secuestro, los familiares de los desaparecidos y los que han sido torturados, señalados y amenazados.

A propósito de los civiles, la paz no se hace sólo entre los actores armados.

Los derechos y la memoria de todas las víctimas tienen que ser considerados seriamente si queremos que el proceso que se está haciendo con las Farc y ojalá el que se haga con el ELN-llegue a buen puerto. Sólo así podremos construir una paz estable y duradera.