Desde la semana anterior en Ibagué se convirtió, casi que en tema de conversación obligado, hablar de “Fotomultas”. Mucho se ha dicho y muy seguramente falta mucho más por decir frente a este tema que ha causado controversia y rechazo en diferentes sectores de la comunidad.

Lo primero que se debe precisar es que la autorización otorgada por el Concejo de Ibagué al Señor Alcalde es para contratar, mediante la modalidad de concesión y por el término de 20 años, la “Operación de la detección electrónica y complementarias para la seguridad vial y el mejoramiento de la movilidad en Ibagué”, así mismo para contratar por el termino de 20 años la interventoría al contrato de Concesión, por un valor máximo del cinco por ciento del valor pagado por el Municipio, y la facultad de contratación, por mismo el término, de una Fiducia para el manejo de los recursos económicos provenientes de los ingresos obtenidos.

Nadie se opone a la aplicación de nuevas tecnologías en nuestra ciudad, máxime si es para prevenir la accidentalidad y mejorar la movilidad. Sin embargo, dar este paso debe ir de la mano de una infraestructura física óptima, con una malla vial en buenas condiciones, un mejoramiento integral de la red semafórica, excelente señalización vial, paraderos, parqueaderos públicos, zonas azules y programas de cultura ciudadana, entre otros elementos.

Pero eso no debe ser lo único. Proyectos de esta envergadura exigen estar sustentados y soportados en estudios técnicos, administrativos, operativos, económicos y financieros, lo suficientemente profundos y completos, que permitan dar claridad meridiana entre los habitantes sobre la necesidad, pertinencia y conveniencia de este tipo de iniciativas.

Analizados los parámetros financieros, principalmente los escenarios proyectados, y como partícipe de la discusión que culminó con la aprobación, varios fueron los reparos durante el debate llevado a cabo en la Corporación: los más protuberantes, aquellos relacionados con la poca claridad en la estructura financiera del estudio que determinó la necesidad de una concesión por 20 años, teniendo en cuenta la inversión inicial requerida ($5.645 millones de pesos); la justificación del porcentaje de distribución de los recursos recaudados (60 por ciento para el privado y 40 para el Municipio), previo descuento del 10 por ciento que por ley se debe girar al SIMIT y un 25 por ciento para los Centros Integrales de Atención (CIA); la justificación técnica para calcular una presunta tasa de incremento anual del 6.54 por ciento (se supone que las infracciones deben disminuir año tras año); los parámetros estadísticos y financieros para proyectar una inflación anual del 4.50 por ciento y una tasa de oportunidad del 12 por ciento; los análisis técnicos en que se fundamentó una proyección estimada de 792 comparendo diarios por cámara, 23.760 al mes y 285.120 al año; entre otros aspectos, los cuales no fueron resueltos de manera clara por la Administración municipal.

Aún quedan muchas cosas por analizar, entre tanto, preparémonos para un escenario probable de 20 años con infraestructura tecnológica “DE PUNTA” en materia de “Fotomultas”, y una infraestructura física “DE COLA”.